En el panorama político actual, la ciudadanía debe estar alerta ante un fenómeno que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos: la migración de candidatos independientes hacia las filas de partidos tradicionales, en especial la Asociación Nacional Republicana (ANR). Este movimiento no solo pone en evidencia la volatilidad de las lealtades políticas, sino que también plantea serias interrogantes sobre la integridad y la transparencia en la gestión pública.
La reciente vuelta al redil partidario del intendente de Minga Guazú, Diego Ríos, es un ejemplo elocuente de esta tendencia preocupante. Electo bajo la bandera del movimiento «Yo Creo», Ríos optó por regresar al seno del Partido Colorado, dejando atrás los principios que en teoría defendía. Esta migración política, aparentemente motivada por beneficios económicos y la promesa de impunidad, pone en entredicho la sinceridad de aquellos que se presentan como defensores de la independencia y la honestidad.
No es un caso aislado. La historia se repite en municipios como Hernandarias, donde el intendente Nelson Cano, inicialmente electo como independiente, terminó retornando al cobijo del partido Colorado. Las negociaciones tras bambalinas, las promesas de cargos y los acuerdos políticos oscuros son el pan de cada día en estos tratos, donde la ética y el compromiso con el bien común quedan relegados a un segundo plano.
La situación se torna aún más alarmante cuando se observa cómo estas decisiones políticas están vinculadas a investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión pública. La presión ejercida sobre figuras como el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para que se sume al Partido Colorado, sugiere una estrategia para frenar los procesos en su contra y garantizar la impunidad.
En este contexto, es fundamental que la ciudadanía no solo se deje seducir por discursos populistas o promesas vacías, sino que analice con detenimiento la trayectoria y la coherencia de quienes aspiran a representarlos. La fidelidad política y la integridad deben ser valores no negociables en quienes ocupan cargos de relevancia, y cualquier intento de manipulación o coacción debe ser rechazado de manera contundente.
Es responsabilidad de todos los ciudadanos exigir transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real con el bienestar colectivo. Solo así podremos construir una democracia sólida y resiliente, donde los intereses partidarios cedan ante el imperativo de servir al pueblo. La independencia política debe ser un principio irrenunciable, no una moneda de cambio en el juego de la ambición y el poder.
