Integrantes de la Asociación de Abogados de Alto Paraná fueron recibidos ayer por el adjunto del área penal X del Ministerio Público, Jorge Sosa, a quien plantearon una serie de molestias que viven a diario en la sede regional de Ciudad del Este. Pidieron cambios radicales en la estructura del edificio donado por la Itaipu Binacional.
Las precariedades se extienden a cada una de las unidades, sean penales ordinarias o especializadas, que ni siquiera cuentan con los mínimos insumos para el cumplimiento de su misional. El predio donde hasta hoy, de manera precaria al extremo funciona la Fiscalía, fue donado por Itaipu, el 19 de julio de 2013.
Desde entonces a la fecha, ni los fiscales generales del Estado, ni los adjuntos de área hicieron las diligencias para la transferencia del predio y echar a andar el proyecto de construcción de la nueva sede, cuya maqueta se expuso en la capital del país. Urgieron un trato humanitario para los usuarios, agentes fiscales y trabajadores de la Fiscalía.
