Funcionarios de la ANDE, ante las denuncias insistentes sobre complicidad con las granjas mineradoras de criptomonedas en Alto Paraná, realizaron ayer un nuevo operativo en el distrito de Yguazú, desbaratando otro establecimiento dedicado a la criptominería. Sin embargo, estas intervenciones no son representativas ni se compadecen con el verdadero volumen de energía robada por estas mineradoras, que operan principalmente en CDE y Hernandarias de manera impune, gracias a la complicidad de altos jefes regionales de la estatal, según denuncias arrimadas a La Clave.
En un nuevo operativo, funcionarios de la ANDE procedieron ayer a intervenir en un inmueble ubicado en Yguazu, donde se detectó una conexión directa en media tensión con medidor, a través de una red subterránea, abasteciendo una carga importante con dos transformadores de 4.650 kVA de potencia, ocasionando un daño patrimonial importante al ente. El NIS n° 1899636 figura a nombre de Takayuki Obama, ubicado en el distrito de Yguazú, km 37, sin embargo, el verdadero dueño sería un tal Mario Quintana, según indicaron fuentes a este diario.
Se habla de una pérdida mensual de G. 703.000.000 aproximadamente en concepto de energía eléctrica no facturada, que sumado a los gastos de intervención y aplicación de multa, según Ley 966/64, deberán ser abonados por el responsable del suministro intervenido.
Lo que llama la atención es que estos operativos, tanto ahora en Yguazú como el viernes de la semana pasada en Juan León Mallorquín, se hicieron recién luego de fuertes cuestionamientos de la prensa, lo cual deja la sospecha que los funcionarios de la estatal saben perfectamente los lugares en donde operan estas mineradoras, sin embargo, simplemente no actúan, porque están recibiendo dádivas a cambio de su silencio.
Hay fuertes cuestionamientos hacia la gestión del Ing. Juan Rozzano, principal funcionario de la ANDE a nivel regional, siendo desde noviembre de 2022 jefe de la división de gestión regional Este. Conjuntamente con el Ing. Valerio Rojas, jefe de distribución y el Ing. Domiciano Silguero, jefe regional de pérdidas, entre otros, con su inacción permiten que siga el floreciente negocio de la minería de monedas virtuales, que a su vez sería fachada para el lavado de dinero y otros delitos conexos al crimen organizado.
Igualmente, se maneja la información que en Hernandarias estarían operando unas 10 mineradoras de grandes proporciones, bajo el supuesto comando del Ing. César Palacios, antiguo funcionario de la ANDE, con frondosos antecedentes y quien en su momento fuera investigado por la Fiscalía por vender equipos de la estatal sin autorización. En CDE también opera una importante cantidad de mineradoras, no obstante la ANDE y la Fiscalía hasta el momento “no las encuentran”.
Un funcionario del ente dijo a periodistas de La Clave que, hoy por hoy, gracias a los avances tecnológicos, es muy fácil de detectar los lugares en donde se roban grandes cantidades de energía, por lo que no hay ninguna excusa para no intervenir. “Cuando hablamos de pequeñas pérdidas, como una residencia familiar, es más difícil de ser detectado, pero en el caso de las mineradoras de criptomonedas, el robo de energía es muy grande que hace saltar al sistema de control. Hay que ser demasiado permisivo o cómplice para no actuar”, espetó el funcionario, cuyos datos mantendremos en reserva por razones obvias.
Los responsables de estos establecimientos se exponen a hasta tres años de pena privativa de libertad, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 173 del CPP relacionada a la “Sustracción de Energía Eléctrica”, sin embargo, hasta el momento no hay condenados. Los dueños de estas mineradoras se sienten absolutamente seguros de que no serán sancionados, gracias a la connivencia de los responsables de la ANDE y los “amigos” en la Fiscalía y el Poder Judicial.
