El fiscal antidrogas Manuel Rojas inició procedimiento penal contra los cinco detenidos tras el último escándalo en el penal regional de Ciudad del Este. La madrugada del pasado martes fueron detenidos con la “mano en la masa” el director del presidio, el coordinador general, un funcionario y dos terceros, que ingresaron a la cárcel con un cargamento para surtir un minimercado para las fiestas de fin de año.
La corrupción administrada por el mismo director de la cárcel era un secreto a voces que ninguna autoridad tuvo las agallas para intervenir y lo convirtieron en un próspero “negocio”, hasta la madrugada del pasado martes. El acta de imputación la encabeza precisamente el director, Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo, seguido del coordinador general Francisco Javier Ramírez Torres y el funcionario Héctor Freddy Mendoza Báez. Asimismo, el ingeniero informático Jorge Darío Mendoza Penayo y Leonardo Araujo Viera, estos últimos introdujeron la despensa a la cárcel con autorización del director.
Todos ellos se encuentran a cargo de la juez Teresita Cazal, con pedido de prisión preventiva debidamente fundada, según escrito que obra en su poder.
LOS HECHOS
La degradación de la autoridad penitenciaria cayó al extremo, cuando agentes de automotores de la Policía recibieron información sensible y montaron vigilancia esperando los sucesos hoy día, harto conocidos. Drogas, alcohol en distintas formas, hasta botellas de champagne, ingresaron a la cárcel a manos del ingeniero informático y su secretario, quienes pasarán las fiestas como reclusos en el mismo lugar.
Lombardo y Torres, según la imputación, están implicados en hechos tipificados de complicidad de funcionario público para suministro sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión y asociación criminal. Mendoza Báez está procesado por complicidad por suministro sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión y tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes en lugares de prisión.
Del poder del último, se incautó 4 kilos con 940 gramos de marihuana en diferentes presentaciones y dosificaciones, así como bebidas alcohólicas y otras mercancías prohibidas dentro de la penitenciaría. Los civiles están imputados como coautores por tenencia sin autorización y suministro de estupefacientes en lugares de prisión.
El libanés Alí Issa Chamas, condenado a 9 años y seis meses de cárcel por narcotráfico, sería el financista para la provisión de los elementos incautados. La jueza Cazal deberá resolver el petitorio de prisión, requerida por el fiscal de la causa.
