El Ministerio Público formuló ayer acusación y requerimiento de apertura de juicio oral y público para 11 policías “gatillo fácil”, acusados de matar en noviembre del año pasado en Ciudad del Este a una pareja durante un fallido operativo. El hecho punible dentro de la causa está tipificado como homicidio doloso, por lo que la expectativa de pena para los autores es de 20 a 25 años, tal como piden familiares de las víctimas fatales del trágico hecho. Abogados de la parte querellante indicaron además que recusarán a la cuestionada jueza penal de garantías Cinthia Garcete, quien había otorgado arresto domiciliario a los agentes y está acusada de percibir una millonaria coima de parte de los encausados, conjuntamente con el fiscal Alcides Giménez, quien ya no forma parte del proceso.
Ayer fue presentada la acusación y pedido de elevación a juicio oral y público en la causa n° 16416/2022 “Ministerio Público C/Richard Antonio Sebriano Silvero y otros s/supuesto hecho punible contra la vida – homicidio doloso” ante el juzgado penal de garantías del quinto turno, a cargo de la jueza Cinthia Garcete. Los fiscales firmantes del documento son Diana Raquel Gómez, Osvaldo Zaracho y Gabriel Segovia.
La causa se inició el día 19 de noviembre del año pasado, cuando los agentes policiales se encontraban tras un sospechoso buscado por la Justicia argentina, por lo que instalaron un punto de control en el kilómetro 12 Acaray de Ciudad del Este, a unos 6.500 metros de la Ruta PY02.
La víctima, identificada como Álex Enrique Alejandro Ortiz (24), y su acompañante Gloria Espínola Cáceres (30) viajaban en un automóvil Toyota Allion que, según dijo la fiscal, disminuyó la marcha al acercarse a los policías, pero luego aceleró, lo que dio inicio a la persecución durante la cual los uniformados abrieron fuego contra el automóvil. La muerte de Ortiz fue confirmada a su llegada al Hospital Regional de Ciudad del Este y Espínola quedó en estado grave, falleciendo posteriormente.
Los uniformados involucrados en el operativo son el comisario Hugo Florentín Stiglich, el subcomisario Manuel Ramón Villalba, el oficial Roberto Samaniego y los suboficiales Richard Seberiano, Rubén Giménez, Alder Centurión, Pedro Brítez, Jaime Ramírez, Javier Martínez, Alfredo Villalba y César González.
Con la presentación de la acusación y pedido de juicio oral, se espera que en la brevedad se realice la audiencia preliminar para los acusados, donde debe decidirse si la causa se eleva a juicio o no. Llevando en cuenta los elementos dentro de la carpeta fiscal, se da por hecho que la causa será elevada a juicio oral. Familiares de los fallecidos expresaron su satisfacción por la tipificación del crimen (homicidio doloso) con lo que la expectativa de pena para los acusados será elevada (20 a 25 años de prisión).
ARRESTO DOMICILIARIO Y COIMA
En el marco de esta causa, increíblemente la jueza Cinthia Garcete otorgó prisión domiciliaria a los encausados, pese a la gravedad de la acusación. Recordemos que según un informe emitido por el Departamento de Criminalística de la Dirección Científica y Técnica de la Policía Nacional, aseguraba que los valores hallados en las pruebas a los 11 policías indican que tenían residuos de plomo, siendo la única diferencia el nivel de los restos encontrados. En algunos agentes fueron encontrados plomo en ambas manos y, en otros, en una sola mano, según el resultado del laboratorio.
“En las muestras correspondientes a Hugo Florentín Stiglich, los valores de plomo se encuentran por encima de los parámetros referenciales”, dice el informe correspondiente al entonces jefe de investigaciones de la Policía Nacional de Alto Paraná, uno de los imputados. Otro dato que indica el informe es que las pruebas realizadas a las víctimas resultaron negativas. “En las muestras correspondientes a Alex Alejandro Ortiz Estigarribia no se detecta la presencia de residuos de disparos investigados”, dice el reporte y se repite lo mismo en el caso de su pareja Gloria Yetsica.
Esto echa por tierra la declaración de los policías que consta en el parte policial entregado a la fiscalía, donde dicen que hubo un enfrentamiento y que el conductor del vehículo acribillado realizó disparos a lo que hubo una reacción policial. El resultado químico confirma que todos los policías dispararon y no solo algunos como argumentaron después. “Dijeron que hubo enfrentamiento, que solo unos dispararon y que Alex Alejandro realizó tiros, pero no hubo arma hasta varios días después; todo eso queda aniquilado con este informe de balística”, remarcó el abogado querellante Mauro Barreto.
Por la polémica decisión, la jueza Cinthia Garcete y el fiscal Alcides Giménez fueron denunciados por cohecho pasivo agravado; supuestamente recibieron G. 150 millones cada uno para otorgarles arresto domiciliario a los once policías procesados por homicidio doloso. La denuncia fue presentada por Mario Espínola Rojas, de la localidad de Puerto Irala y pariente de una de las víctimas fatales.
El fiscal Giménez ya no entiende en la causa, pero sí lo hace la jueza Garcete, por lo que la defensa técnica de la familia Espínola recusará a la misma y pedirá que sea apartada del proceso, señalando que la magistrada mal puede juzgar en la audiencia preliminar a los policías, llevando en cuenta sus anteriores actuaciones, en donde siempre benefició a los acusados.
