El despido masivo e injustificado de trabajadores del sector de la construcción está siendo denunciado por la abogada Simeona Brítez, representante legal de la Asociación de Trabajadores Rurales Julio César Brítez. La profesional del derecho criticó duramente a la titular del Ministerio del Trabajo, Carla Bacigalupo, a quien acusó de “traicionar a la clase obrera” y de ser una verdadera “sicaria de los trabajadores”. Centenas de empleados de Alto Paraná estarían siendo afectados por la situación, mientras las constructoras se excusan y responsabilizan al MOPC y al Ministerio de Hacienda de la falta de desembolsos, motivo por el cual presuntamente se ven obligados a despedir personal.
De acuerdo a lo expresado por la abogada Brítez, centenares de trabajadores del sector de la construcción de Alto Paraná y miles de obreros, a nivel nacional, están siendo afectados por esta situación. “Estamos recibiendo unas 100 denuncias a diario sobre despidos injustificados, falta de pago de indemnizaciones, es dramática la situación. No afecta solamente al sector de la construcción, también ocurre en los silos, farmacias, supermercados, en fin, todo tipo de empresas, es una vergüenza”, denunció.
Añadió en forma irónica que “aparentemente se cambió la legislación y nuestro Código Laboral, pues derogaron la antigüedad laboral y estabilidad que se adquiere a los 10 años, de manera unilateral e inconsulta”. La abogada responsabilizó de la calamitosa situación a la ministra Carla Bacigalupo, de quien dijo que es una verdadera “sicaria de los trabajadores”, dado que, con su inacción y desidia, está favoreciendo al empresariado.
“Tenemos empresas como B y B Construcciones, Chaha S.A., entre otras, que están adeudando varios meses de salario a los obreros, luego ya son despedidos sin recibir pago alguno. Se hace la denuncia correspondiente y se traba todo, es una vergüenza”, lamentó la abogada, quien refirió que la única manera sería una gran movilización para intentar presionar al Gobierno.
CONSTRUCTORAS SE EXCUSAN Y ACUSAN A HACIENDA Y MOPC
Desde la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) reconocieron que hay muchos despidos, sin embargo, desmintieron las denuncias sobre falta de pago de indemnizaciones. Indicaron que existe una deuda de 380 millones de dólares por parte del Estado paraguayo (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) que no está siendo honrada y que hace que los niveles de inversión se reduzcan drásticamente.
Indicaron que en 2022 se perdieron 35.000 puestos laborales y que se podrían perder otros 35.000, llegando a 70.000 despidos. Desde el MOPC se anunció días pasados que prevén pagar parte de su deuda a las contratistas. Su titular, Rodolfo Segovia, detalló que “entre los meses de marzo y abril el Ministerio de Obras Públicas tiene previsto abonar unos USD 140 millones a las empresas constructoras”. Con el monto a abonar, la secretaría de Estado “pretende cumplir en gran parte los compromisos pendientes que se tienen con las empresas que ejecutan las obras públicas en todo el país”.
No obstante, el desembolso llegaría tarde para miles de obreros que perdieron sus trabajos, según refirieron los denunciantes, quienes reclamaron al Gobierno la toma de medidas urgentes para mitigar las necesidades en el sector.
