Con fundados elementos de sospecha, el fiscal Alberto Torres imputó a Abdo Javier Escobar Burgos (44), abogado de Reinalda Santa Cruz Brítez, quien fue detenida luego de denunciar a seis policías del Departamento de Homicidios por privación ilegítima de libertad y extorsión.
El profesional fue puesto a cargo del Juzgado Penal de Garantías, con cargo por presunto hecho de extorsión en carácter de autor, según la conducta desplegada como representante legal de la mujer, que contaba con orden de captura y pedido de extradición a España, tras ser condenada a siete años de cárcel por trata de personas.
El leguleyo participó activamente en la exigencia de USD 100.000 para la liberación de su cliente. Luego del fallido intento de proveer el dinero por parte de la pareja de Reinalda, Escobar Burgos se habría comprometido con los intervinientes que sería entregada la suma de 10.000 dólares, según acuerdo. Incluso, firmó el acta de procedimiento, labrado por uniformados.
El abogado tenía consigo un poder general para adquisición, disposición y administración general de bienes, para asuntos judiciales, civiles, penales, laborales y administrativos; revocación de mandato y cláusulas especiales, pasado ante la escribana Graciela Concepción, según escritura número 182, a favor de los abogados Miguel Adrián García y Abdo Escobar Burgos. Mediante ese documento, el letrado se habría confabulado con los policías y su mandante le revocó poder.
Torres incursó primariamente su conducta dentro de las previsiones del artículo 185, en concordancia con el 29, del Código Penal vigente. Pidió la suspensión a la ejecución de la prisión preventiva, siempre y cuando reúna los presupuestos establecidos en el 242 del Código Procesal Penal. La expectativa de pena máxima es de hasta cinco años de cárcel, por tanto, corresponde la medida menos gravosa, según entiende el fiscal de la causa.
