Un nuevo negociado se avizora en el Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este, en donde pretenden adjudicar por la vía de la excepción servicios de hemodiálisis a una empresa tercerizada, presumiblemente de maletín. Se trata de “Nefro del Este”, que en realidad surge de la fusión entre el Consorcio SMD del Este (STERIL MED S.A.) y MD Constructora SRL que, según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tiene como representante a Marco Manuel Ortiz Rodríguez. Ortiz es conocido por, supuestamente, falsear datos para quedarse con millonarias licitaciones provenientes del sector público.
Así las cosas, la previsional pretendería adjudicar el servicio a una empresa que nunca prestó servicio en el área de la salud y lo más grave, aparentemente, se creó hace poco solo para llevarse la millonaria adjudicación consistente en G. 5.165.888.500, de acuerdo a la DNCP.
Curiosamente, el centro de hemodiálisis Nefro del Este se instaló en el barrio Obrero, sobre la avenida Teniente Arias, hace apenas unas seis semanas. Con el apuro, los propietarios habrían adquirido máquinas usadas y antiguas. MD SRL es contratista del Estado y se dedica a construir empedrados.
Lamentablemente, este tipo de negociados siempre pasan “desapercibidos” a los miembros del Consejo Directivo de la previsional. Lo decimos una vez más: las organizaciones de los empleadores, de los trabajadores y de los jubilados, ¿no deberían preguntar a sus respectivos representantes si no ven nada “turbio” en el procedimiento de contratación? Varias veces hemos dicho que los representantes de los diferentes sectores se comportan como empleados del IPS antes que como defensores de sus representados.
Ante este nuevo negociado, el Jefe de Estado tendría que tomar cartas en este asunto, porque huele muy mal. Los últimos escándalos deberían inducirle a interesarse mucho más en las grandes compras de bienes y servicios, también porque el fraude perpetrado en esas operaciones afecta severamente a su Gobierno. Es preciso que la Secretaría Nacional Anticorrupción, que depende directamente de la Presidencia de la República, tenga un ojo avizor, incluso cuando, como en el caso comentado, no se recurre a la contratación directa, sino a la vía de la excepción, alegando supuesta urgencia.
Por supuesto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), también tendría que alarmarse cuando se modifica una y otra vez el pliego de bases y condiciones, acaso para que haya un solo oferente (direccionamiento de licitación). Sería muy importante que los consejeros pongan mucho mayor celo en defensa de sus representados, y no dejar que sus excelentes dietas les nublen la vista. No puede permitirse que este nuevo escándalo llegue a feliz término para sus protagonistas.
