Los concejales municipales de Ciudad del Este, Sebastián Martínez y Alison Anisimoff, presentaron una minuta escrita en la cual solicitaron al pleno la modificación de varios artículos e inserción de nuevos a la ordenanza que regula el transporte público. Manifestaron la intención de colocar señal de monitoreo GPS, de modo a controlar los itinerarios de los buses, además de exigir a los transportistas a aceptar el boleto estudiantil. El proyecto fue derivado a comisiones del legislativo, para su estudio.
Las modificaciones tienen que ver con el cumplimiento de itinerario y frecuencia para el traslado de pasajeros, la utilización de GPS a través de un móvil celular para control del cumplimiento del itinerario que estará a cargo de la Municipalidad y las nuevas disposiciones de multas para las infracciones cometidas por los conductores y/o empresas que no se adecuen a las reglamentaciones. El objetivo es lograr una mejor organización del servicio del transporte público y buscando optimizar la movilidad interna dentro de la ciudad.
No constituye ningún secreto que los usuarios de buses de Ciudad del Este sufren por incumplimiento de los empresarios, debiendo en muchos casos esperar horas por una unidad de transporte público, en la capital departamental. Se quejaban desde la dirección de Transporte Público que no existían herramientas legales para sancionar a las empresas de transporte que incumplen itinerarios y frecuencias. Estas brechas en la legislación es lo que se busca combatir con iniciativas como la de los ediles Martínez y Anisimoff.
Un sistema de transporte público eficiente y de calidad es una condición indispensable para la calidad de vida de la población y para la sostenibilidad ambiental de las ciudades. Cuando no hay una política de transporte, se termina perjudicando toda la ciudadanía. En primer lugar, se afecta a la que requiere movilizarse en el transporte público, que generalmente es la más vulnerable, con recursos escasos y sobre las cuales el costo de movilizarse de su vivienda al lugar de trabajo o estudio tiene un alto impacto sobre sus ingresos.
Pero también afecta al resto de la ciudadanía. Un mal sistema de transporte colectivo incentiva a quienes pueden reemplazar ese sistema a adquirir otros medios como motos y automóviles, con las consecuencias de ello en la congestión del tráfico y la contaminación ambiental.
En lugar de focalizar las soluciones en el transporte colectivo, se focaliza en más infraestructura vial destinada a facilitar el acceso a los automovilistas, sector de mayor poder adquisitivo que el resto. Es preocupante que el Estado no cuente con una política pública seria y transparente, con metas claras a largo plazo, dejando de lado los viejos vicios del sector e imponiendo nuevas y claras reglas de juego.
El transporte público es un problema estratégico en nuestro país. Para encontrarle una solución es preciso pensar en términos globales –no simplemente en “medidas parches”– y tener la firme decisión política de impulsar cambios profundos, incluso afectando eventualmente los intereses de sectores poderosos. El gobierno debería abrir el mercado del transporte público a nuevos inversionistas honestos que estén dispuestos efectivamente a ofrecer un servicio moderno y eficiente.
Hace años, la ciudadanía viene reclamando un mejor servicio en el transporte público; los famosos “colectivos chatarra” que circulan por nuestras calles son una vergüenza para propios y extraños. A diario, observamos a estas unidades con algún desperfecto mecánico, o entonces causando accidentes por el pésimo estado en que se encuentran. Esperemos que las medidas que adopte la Junta Municipal esteña contribuyan en algo para reducir esta problemática.
