Un exvólai fue condenado ayer a 18 años de prisión durante un juicio oral por varios asaltos cometidos en el 2009. El mismo se mantuvo mucho tiempo prófugo de la justicia, viviendo en la clandestinidad en la Argentina, donde también perpetró numerosos atracos. Sin embargo, en enero de este año regresó al Paraguay y fue capturado.
El sentenciado está identificado como Cristhian Ariel Cazal Barúa, de 42 años, quien ndaje cometía los asaltos cuando era policía en actividad, pero upéi oiko la jepilla y el tipo se mandó mudar a kurepilandia. El tribunal que dictó la condena estuvo presidido por Milciades Ovelar y conformado por Emilia Santos y Flavia Lorena Recalde.
A su vez, el fiscal Edgar Torales representó al Ministerio Público. Mientras, que el abogado Fabián Iglesias ejerció la defensa del taquero kue.
Cazal Barúa fue acusado por al menos cuatro asaltos, pero en uno de ellos no pudo probarse su autoría, ya que ninguna de las numerosas víctimas que comparecieron en el debate pudo reconocerlo.
Avei, en una de las causas, además del robo agravado, el tipo también soportaba proceso por coacción sexual, aunque, durante el juicio oral se demostró que la violación no fue consumada por él, sino por su cómplice, identificado solamente con el alias “Teletubi”.
Todos los asaltos ocurrieron a la media noche y duraron casi toda la madrugada, ndaje voi, pues se encargaban de vaciar las casas ajenas, además de sustraer los objetos personales de las numerosas víctimas.
ATRACOS PERPETRADOS
Según antecedentes, el primer atraco cometido por el entonces “polibandi” ocurrió el 7 de abril de 2009, a las 00:30, en un inmueble ubicado en la avenida Mompox y Calle Piratey del Área 4 de Ciudad del Este, propiedad de Ramona Eduarda Recalde Velázquez. Upéro, Cazal Barúa con arma en mano redujo a la dueña de casa y a su hija menor, a quienes amordazó y luego sustrajo varias pertenencias, como ser teléfonos celulares, electrodomésticos, electrónicos y joyas. Todos los objetos fueron cargados en un vehículo, perteneciente a la víctima, en el cual huyó el criminal.
Upei, el 23 de mayo del mismo año, a las 00:30, Cristhian Cazal y tres cómplices tomaron por asalto una vivienda del Área 8 de la capital del Alto Paraná, propiedad de Herman Alberto Heinroth, donde se llevaba a cabo una actividad social. Los delincuentes redujeron al propietario y a sus invitados, a quienes despojaron de dinero en efectivo, joyas, aparatos celulares, electrodomésticos y otros objetos de valor.
Mientras, el tercer asalto katu oiko el 1 de agosto, a las 00:30, en el barrio Bernardino Caballero. Aquella vez, Cazal Barúa y otro sujeto, estando fuertemente armados, irrumpieron en una vivienda, donde también se estaba realizando un acontecimiento social. La dueña de casa y sus invitados kuéra fueron encerrados en una habitación y despojados de sus pertenencias. Seguidamente, el cómplice del agente policial, un infeliz que merece la hoguera, violó a una menor de 14 años.
En tanto, el cuarto robo agravado cometido por Cristhian Cazal Barúa sucedió el 13 de agosto de 2009, siendo las 10:20 aproximadamente, oportunidad en que el entonces policía actuó en complicidad de Mario Daniel Prieto García. Ambos, a bordo de una motocicleta, asaltaron una lavandería ubicada en el barrio Fátima de la capital departamental. Los mismos redujeron a los dueños y les robaron sus pertenencias.
Acto seguid, se enfrentaron a tiros con policías, recibió dos disparos de arma de fuego, resultó herido y fue aprehendido en el lugar del hecho.
Pero, después el expolicía fue beneficiado con prisión domiciliaria mba’embo, sin embargo, infringió la medida, y con identidad falsa logró huir a la Argentina, por lo que fue declarado rebelde. Se mantuvo mucho tiempo prófugo de la Justicia, hasta que en enero del 2022, después de 11 años, finalmente fue capturado luego de regresar del vecino país, donde también había cometido varios asaltos y soporta procesos penales, incluso con orden de captura y pedido de extradición internacional.
En el juicio oral, el agente fiscal interviniente solicitó la pena privativa de 20 años, sin embargo, el tribunal impuso la sanción de 18 años de penitenciaría.
