Kuña Poty, organización feminista Ciudad del Este, divulgó ayer el caso de una joven madre paraguaya que denunció estar viviendo un calvario intentando criar a su pequeño “en libertad y lejos de la violencia”. Relató que enfrenta un juicio de restitución internacional promovido por su exmarido y padre de su hijo, a quien denunció. El caso empezó en Foz de Yguazú, Brasil, donde dice que sufrió discriminaciones por ser mujer, paraguaya, migrante y vegana. A fines de 2020 se refugió buscando justicia en Paraguay, desde donde pelea por la custodia de su hijo ante organismos judiciales de ambos países.
Según la organización Kuña Poty, que acompaña la historia de Patricia García Adorno junto a otras organizaciones civiles y de derechos humanos, en agosto de 2020, en plena pandemia, le quitaron su bebé en Brasil. Ella es estudiante paraguaya que residía en Foz de Yguazú y por orden del Juzgado de Infancia y Juventud de Brasil le arrebataron a su pequeño aún lactante, alegando que se encontraba en riesgo de vida. La custodia del bebé pasó al padre y exmarido, un ciudadano de nacionalidad brasilera.
Kuña Poty relata que Patricia tenía la custodia del bebé, que nació luego de la acción de divorcio. Ella había denunciado al exmarido por violencia intrafamiliar y contra la mujer, y logró medidas de protección. También lo denunció por abandono gestacional y paterno afectivo del recién nacido.
En principio había un acuerdo entre la madre y el padre, pero durante la pandemia el bebé enfermó y cuando la madre lo llevó al hospital para consultar, siempre según la versión de la mujer, el personal sanitario incurrió en varias negligencias que afectaron la salud y causaron un retroceso en el desarrollo del niño. El exmarido culpó a Patricia por esta situación, recurrió a la Justicia y le sacó la guarda.
DENUNCIA
El padre denunció a la madre ante el Centro de Nutrición de Foz por supuesta falta de control prenatal, negativa de la madre a darle alimentos de origen animal al bebé por llevar una alimentación vegetariana, retraso en las vacunas, tratamientos con medicina tradicional, etnomedicina y medicinas naturales, como homeopatía, bioenergía.
En este proceso, Patricia asegura que sufrió discriminaciones. Alega que fue escuchada por la psicóloga y trabajadora social del Juzgado de Niñez, que asegura solo se limitaron a escuchar al padre y no a ella. Señala que no consideraron los documentos de la madre como el carné del SUS (Sistema Único de Salud Pública) en Brasil y los registros de las consultas, carné de vacunación ni los exámenes que comprobaban la salud de la criatura.
Denuncia que también se obvió declaraciones del pediatra, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga y microfisioterapeuta que acompañaron al bebé y dan fe del cuidado y compromiso de la madre. “El proceso del Juzgado de la Niñez fue sesgado y parcial a favor del padre. A partir de ese momento se inició la lucha de Patricia por recuperar la convivencia con su niño, ya que el proceso judicial tuvo también un conflicto de competencia entre el Juzgado de la Niñez y de la Familia, donde se tramitó el divorcio y la pensión alimenticia”, afirma Kuña Aty.
Agrega que la madre estuvo 50 días sin contacto con el bebé, aún en periodo de lactancia. Solo recuperó contacto mediante un habeas corpus que solo permitía una convivencia de tres horas al día para amamantar.
CAMPAÑA
La violación del derecho a la lactancia materna, tanto al pequeño como a su madre, derivó en una campaña #DevolvamSamaparamãe, con una repercusión considerable en las redes sociales y medios periodísticos.
“Ante la falta de garantías y las resoluciones judiciales que atentaron contra los derechos de madre e hijo, favoreciendo al progenitor denunciado por violencia doméstica, Patricia se refugió en Paraguay con su pequeño desde fines de diciembre de 2020”, asegura la organización feminista de Ciudad del Este.
En Paraguay, ella se presentó ante el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de la Mujer, Juzgado de la Niñez y Adolescencia, Defensoría Pública y CODENI. Logró una medida cautelar de protección ante el Juzgado de la Niñez de Luque para ella y su hijo.
En julio de 2021, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Paraná, Brasil resolvió por unanimidad la convivencia compartida del pequeño con sus padres, con domicilio materno de referencia y reactivar la pensión alimenticia de obligación paterna. Sin embargo, se encuentra activo un proceso de restitución internacional promovido por el progenitor fundado en hechos que no condicen con la realidad y utilizado nuevamente términos discriminatorios hacia Patricia por su nacionalidad paraguaya, y una solicitud de medida cautelar del infante a instancias internacionales.
Desde abril de 2022, la defensa de Patricia busca un acuerdo de partes mediante la Defensoría Pública de la Niñez, pero el padre aún no responde.
