Varios empresarios del rubro comercial de Ciudad del Este, que fueron incluidos en varias causas por supuesta evasión impositiva, denunciaron que soportan una verdadera incertidumbre hasta si se quiere una persecución por parte del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said, quien, supuestamente, sin contar con mínimos elementos probatorios, procede a imputar a todos. Otro grave cuestionamiento al fiscal es que siempre, en base a denuncias de abogados, pretende inducir a los investigados a aceptar los hechos que se les atribuye para concederles una salida procesal sin que sean culpables.
Varias son las causas por evasión de impuestos que están siendo investigadas en la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción donde el titular es el fiscal Luis Said, quien, supuestamente, a todos los investigados induce a que acepten el cargo para concederles una salida procesal. Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por varios profesionales del foro, la mayoría de las causas no pueden prosperar atendiendo a que depende de un dictamen que debe expedir la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), donde se deberá determinar si hubo o no el hecho que se le atribuye a los procesados. Pero, Said supuestamente, con tal de quitarse de encima el peso de la investigación, solicita a los encausados a que admitan el hecho que se les atribuye y paguen una multa para poder concederles una salida procesal, situación que causó una verdadera indignación en el seno de los abogados litigantes de las distintas causas.
La consecuencia de estas imputaciones que no tendrían sustento jurídico perjudica enormemente a los empresarios que, en su mayoría, fueron incluidos en una extensa lista de supuestos evasores impositivos, indicó uno de los abogados. En tanto, otro auxiliar de la justicia, en la causa nº 145/17, por la calificación del hecho punible de producción de documentos no auténticos, refirió que sus clientes, identificados como Hussein Issa y Fadi Khalife, fueron imputados recién el 20 de julio de 2021, casi cuatro años después de haberse iniciado la supuesta pesquisa, lo que consiste en mantener en constante incertidumbre a los afectados, lejos de llevarse en cuenta lo que establece la Constitución Nacional en cuanto a la “justicia pronta y barata”. Agregó que, a raíz del largo proceso, los mismos han afrontado una serie de dificultades para seguir trabajando, ya que se los sindica como delincuentes, además de soportar trabas en las entidades bancarias.
Los abogados además señalan que no se puede descartar que la actuación del fiscal sea con el objetivo de presionar a los empresarios para despojarls de dinero a cambio de no molestarlos, llevando en cuenta la práctica que comúnmente emplean los agentes fiscales en todo el país.
