En un fallo que probablemente creará roncha, una doña fue condenada ayer a 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena aipo por incumplimiento del deber legal alimentario. Normalmente, son los tipos quienes niegan prestación a sus vástagos.
Para colmo, la sentencia deberá ser sometida a un periodo probatorio mba’embo, por 5 años voi. En ese tiempo, la kuñakarai tendrá que saldar sí o sí la cuenta pendiente, más la vigente, de lo contrario irá a parar con sus huesos en la cacerolita “Juana María de Lara”, según los datos. En síntesis, debe pagar 616.000 guaracas mensuales.
El juicio oral oiko kuehe en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Los jueces que dictaron la condena fueron Serafín González, Fabio Aguilar y Vitalia Duarte, que integraron el tribunal. Mientras que la fiscal Carolina Gadea representó al Ministerio Público.
Los antecedentes señalan que la doña debía abonar 500 mil guaraníes mensuales a favor de sus cuatro hijos menores, tras separarse de su ména y abandonar a sus retoños, pero no cumplió con la resolución impuesta por un juzgado de la niñez. Por eso fue denunciada, luego procesada y finalmente condenada.
