Familiares de la joven Antonia Noemí Sosa Gómez, de 17 años, asesinada a balazos por su pareja Anderson González Ocampos, de 19, cuestionan severamente la actitud asumida por la sala penal de la Cámara de Apelaciones, que a la fecha no designó integrantes del tribunal de alzada que resolverá la apelación del fiscal Alcides Giménez.
La representación pública se sintió agraviada por la decisión de la juez penal de garantías Cinthia Garcete, quien resolvió otorgarle el beneficio del arresto domiciliario al procesado por feminicidio ocurrido el 20 de agosto del año pasado, fecha desde la que fue privado de libertad y procesado con expectativa de pena máxima y con posibilidad de aplicación de medidas de seguridad. González Ocampos logró, a través de su defensa técnica, las medidas menos gravosas a la prisión preventiva con una fianza de G. 100 millones que, a criterio de la juez, ya garantizaba el cumplimiento del arresto.
En el expediente judicial electrónico, ayer a las 09:30, no figuraba aún la designación por sorteo de la sala que entenderá y resolverá el recurso planteado por la Fiscalía, pese a que los plazos para el efecto ya fueron superados, dado que se presentó el 26 del mes pasado.
IMPUNIDAD
Según confirmaron en la unidad fiscal que investiga la causa, también la defensa técnica habría presentado apelación. La magistrada Garcete resolvió beneficiar al procesado sin fuerza legal de argumentos el 22 de abril último y fue ejecutoriada en la misma fecha, oportunidad en que el presunto asesino organizó una fiesta en su domicilio para celebrar su libertad.
El procesado no llegó a los ocho meses de prisión preventiva, pese a que la norma legal dispone que casos considerados crímenes no podrán, bajo fundamento alguno, ser beneficiados con medidas menos gravosas a la prisión preventiva. Los familiares de la víctima fatal denunciaron públicamente que el encausado, les había ofrecido dinero para llegar a un “acuerdo” y evitar que la persecución penal en su contra sea concluida. No mencionaron el monto de la oferta, pero lamentaron la misma y sospechan que la juez Garcete habría sido tentada con sumas de dinero para disponer el arresto.
La indefinición de la Cámara de Apelaciones para designar sala, también es considerada por la familia de la infortunada joven, como una afrenta al derecho y maneja rumores que en causa común con la juez de primera instancia, estarían confirmando el fallo. Una vez confirmada la sala, debe elegirse un preopinante para empezar a analizar los recursos obrantes en el expediente judicial electrónico. De confirmarse la disposición de primera instancia, se estaría, una vez más, certificando la impunidad de la que goza la magistrada que, a su vez, es señalada como la más “corrupta” de la Sexta Circunscripción.
CON SEGURIDAD
Por su parte, familiares del beneficiario del arresto domiciliario habrían afirmado que tanto la juez Garcete como el fiscal Giménez habrían recibido fuertes sumas dinero para emitir el fallo, la primera y para que el fiscal se allane al pedido de la defensa. Este último, cambió de postura al observar la reacción de los padres y amigos de la víctima, “lavándose las manos” con su recurso de apelación general. La norma es clara y contundente, González Ocampos deberá volver al encierro por decisión del tribunal de alzada, caso ella sea aplicada en estricta justicia, dijeron los cercanos de la asesinada.
