Continúan saliendo a luz las graves irregularidades cometidas por el juez Claudio Rubén Martínez, de Salto del Guairá, quien fue denunciado por prevaricato ante la Fiscalía General del Estado al favorecer supuestamente de manera abierta a un demandado por la suma de USD 1 millón. La denuncia en su contra fue radicada por el empresario Nicolás Flavio Tutunyi Mazó, bajo patrocinio del abogado Jorge González. Ahora, se ventiló que el magistrado increíblemente notificó primero sobre el levantamiento de embargos y luego dictó la resolución.
El juez Claudio Martínez habría violado maliciosamente todos los preceptos legales y levantó los embargos preventivos que pesaban sobre los bienes de Marcello Almeida de Oliveira por valor de USD 1 millón en un proceso, dejando sin garantías al demandante. Según el denunciante, entre las irregularidades cometidas por el magistrado figuran que se basó en un informe apócrifo del demandado para dictar resolución, no le dio trámite incidental a la petición como dicta la ley, el planeamiento no se presentó en la plataforma de incidentes del expediente judicial y levantó los embargos sin quedar firme la resolución, violando de esa manera el artículo 185 del Código Procesal Civil (“Dará traslado de él a la otra parte por el plazo de cinco días”).
Ahora se dio a conocer que, además de las citadas graves desprolijidades, el magistrado cometió otras graseras anormalidades en el proceso. En ese sentido, la denuncia sostiene que el 15 de diciembre de 2021 remitió los oficios que ordenaba el levantamiento de los embargos y posteriormente dictó la resolución judicial A.I. 272, ordenando el levantamiento de los embargos preventivos.
“Esto ya es una locura, un absurdo y abuso. El juez y su actuaria María Lourdes Romero Cano primero remiten los oficios a la Dirección del Registros a las 12 horas, 43 minutos y 53 segundos y posteriormente se dicta la resolución judicial A.I. n° 272 de fecha 15 de diciembre de 2021, a las 12 horas, 59 minutos y 17 segundos, conforme se puede corroborar, según horas registradas en el expediente electrónico”, señala el escrito de denuncia.
“Ni siquiera hubo necesidad de que la resolución aludida quede firme como dispone la ley. Los oficios dirigidos a las instituciones encargadas fueron expedidos antes que se dicte la resolución que lo ordena. Con esto se demuestra uno de los actos criminales denunciados y que a cualquier costo se debía sostener esta barbarie que estaban cometiendo el juez y su actuaria”, agrega el denunciante.
“DESCARADO ULTRAJE A LA LEY”
Según el escrito de denuncia, el juez Claudio Martínez cometió un “descarado ultraje a la ley y en especial al Art. 694 del Código Procesal Civil”, al levantar los embargos sin quedar firme la resolución, causando un daño patrimonial irreparable, ya que quedó sin garantías la demanda promovida contra Marcello Almeida de Oliveira, quien habría enajenado sus bienes a terceras personas”, sostiene el denunciante, quien pidió 10 años de pena carcelaria para el referido juez.
