El mundo entero hoy, en contraste con los notables avances en múltiples campos de las artes, ciencias y humanidades, continúa siendo un lugar hostil, inseguro, injusto y desigual para las mujeres. La violencia contra mujeres y niñas, desgraciadamente, sigue siendo un fenómeno global que no conoce fronteras sociales, económicas o nacionales, que afecta a mujeres de todas las edades y que muestra cuán lejos estamos aún, pese a los grandes esfuerzos que se han realizado —pero que se evidencian como insuficientes—, de vivir en sociedades igualitarias, abiertas, tolerantes, respetuosas de los derechos de todos, y en las que ser mujer, esa sola condición que ostenta la mitad de la humanidad, no suponga un estado de vulnerabilidad y desventaja ante la vida.
Indignan noticias como el caso de la joven Antonia Noemí Sosa Gómez, de 17 años, quien fue asesinada de dos balazos en agosto del 2021 por su entonces pareja, Anderson González Ocampos. Aunque quedan pocas dudas sobre la culpabilidad de Anderson, increíblemente la juez penal de garantías Cinthia Garcete y el fiscal Alcides Giménez maniobraron para otorgarle prisión domiciliaria al presunto faminicida.
Lamentablemente, la impunidad reina en la mayoría de los casos de feminicidio cometidos en Paraguay. Pero no solamente la impunidad. En opinión de expertos, la indolencia parece ser también una característica de nuestras autoridades de administración de justicia, especialmente si se trata de delitos de género, como el feminicidio.
Son muchos los feminicidas que nunca son detenidos, pese a existir orden de captura en contra suya o entonces, se benefician con medidas menos gravosas, como en éste caso aquí mencionado. Ante estos datos, que sugieren negligencia y desdén de la autoridad en los casos de violencia machista, debe surgir la exigencia, primero, de cumplimentar todas las órdenes de aprehensión pendientes contra presuntos feminicidas, pero además, hacer algo para que desde las instituciones de justicia dejen de replicarse posibles prejuicios, acciones u omisiones en casos de violencia contra la mujer, que acaben inocentando a personas que cometieron este atroz delito.
Si este fuese un país en serio, fallos como el dictado por la jueza Cinthia Garcete deberían llevar a la misma a un inmediato sumario y posterior destitución del cargo, al igual que al fiscal que se allanó al pedido de la defensa del encausado por feminicidio. Sin embargo, aquí en Paraguay lastimosamente las cosas no funcionan así; el poder de los “amigos” posicionados estratégicamente en instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura, la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, impiden que jueces venales y sus pares fiscales reciban ejemplar castigo, que pueda servir como alerta a los demás a no seguir poniéndose del lado de homicidas, delincuentes y psicópatas, como hoy lo hacen impunemente.
