El recurso de apelación presentado Gloria Arce y Lucía Franco, defensoras públicas de los condenados Limpia Concepción Núñez Goiburú y su hijo Héctor Eduardo Martínez Núñez, sigue sin ser resuelto en la sala penal de la VI Circunscripción Judicial. La máxima instancia judicial había nominado al camarista Efrén Giménez Vázquez como preopinante y a sus pares Ninfa Fernández y Mirian Meza para analizar y resolver los cuestionamientos efectuados por las representantes legales de los procesados y condenados por el homicidio doloso del que resultó víctima la niña Naydelin, ocurrido el 29 de febrero de 2020 en un establecimiento rural de Minga Guazú.
Ambos fueron condenados en un incidentado juicio oral y público que se llevó poco más de tres meses, con sendos cuartos intermedios durante su desarrollo, por un tribunal de sentencia que presidió la jueza Evangelina Villalba e integraron Lourdes Morínigo y Oscar Gabriel Genes. Héctor Eduardo recibió la sanción penal máxima de 30 años, más 10 de medidas de seguridad, mientras su madre fue penada con 25 años de prisión y ambos fueron remitidos a las penitenciarías desde la sala de juicios orales, el 2 de setiembre del presente año, al hallarlos culpables de los hechos acusados por la Fiscalía.
En ese contexto, la representación pública estuvo a cargo de Vanesa Candia y Estela Mary Ramírez, quienes imputaron hechos de homicidio doloso, detentación y violación de la Ley de armas, figuras sostenidas hasta los alegatos finales. En esa etapa, tanto la Fiscalía como la querellante adhesiva, abogada Liz Samaniego, coincidieron en solicitar la pena máxima prevista para madre e hijo, situación no considerada por el colegiado de sentencia. Por su parte, el entonces defensor de la mujer, abogado José Gill López, pidió la absolución de culpa y pena de su cliente y al socializarse la sentencia renunció al mandato, siéndole designada la defensora pública Lucía Franco.
Tanto Arce como Franco se sintieron agraviadas luego de leer el contenido íntegro de la sentencia definitiva y acordaron recurrir a segunda instancia por considerar excesivas las penas aplicadas. Solicitaron ante el tribunal de alzada, la nulidad de la condena y se ordene la realización de un nuevo juicio con otro tribunal de sentencia. Para la fiscal Candia, quien respondió por cuenta propia la apelación dado el traslado de su colega, la Fiscalía probó en juicio la existencia de los hechos acusados y la responsabilidad penal individual de los dos encausados y en ese sentido pidió la confirmación de la condena. En la Cámara de Apelaciones, a estas alturas, no se tiene siquiera pre opinión en el emblemático y sonado caso que sacudió al país por la saña con que actuaron los condenados.
