El abogado Víctor Enriquez Núñez y la Lic. Magdalena Montiel presentaron la denuncia. Implican además a concejales que aprobaron ejecuciones presupuestarias.
Una nueva denuncia contra la exintendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, presentaron ayer en carácter personal, el abogado Víctor Enriquez y la Lic. Magdalena Montiel ante la oficina de denuncias de la Fiscalía. Afecta igualmente a los concejales que aprobaron la ejecución presupuestaria de los años 2016, 2017 y 2018, quienes resultaron autores de lesión de confianza por G. 36.349.869.793 en perjuicio de las arcas del municipio, detectada durante la intervención de la hoy ministra de la Corte Suprema de Justicia, María Carolina Llanes Ocampos, según el documento denominado “Informe de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, el 2 de febrero de 2019”.
Con esta presentación, los denunciantes dieron cumplimiento a las previsiones del artículo 284 del Código Procesal Penal, atendiendo que el actual intendente, Miguel Prieto Vallejos, omitió el cumplimiento del artículo 286 de la misma norma, en razón a que su asesoría jurídica, pese a las constancias del informe de Llanes Ocampos, que sugería la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público y el Interior.
Enriquez, explicó que la responsabilidad es compartida por todos los concejales que firmaron las actas de aprobación de la ejecución presupuestaria, que deberán ser identificados mediante diligencias que ordene el fiscal asignado para la investigación del caso.
El monto determinado en el escrito de denuncia es efecto del informe final de la interventora, en materia de distribución de las recaudaciones en concepto de impuesto inmobiliario, que fueron descontadas según detalles del presupuesto aprobado en su oportunidad, pero no distribuidas donde corresponde. El Ministerio de Hacienda dejó de recibir el 15% que le corresponde a los municipios de menores recursos, igual porcentaje para la Gobernación del departamento y el 1% para el servicio nacional de catastro, que no recibieron monto alguno, pero fueron asentados en las rendiciones de cuentas.
El actual intendente Miguel Prieto y los concejales municipales incumplieron las previsiones del artículo 286 del Código Procesal Penal, dijo el letrado, al tiempo de afirmar que esta causa tendrá el seguimiento que corresponde de parte de los denunciantes que aseguran la presentación de una querella criminal, de manera a tomar intervención y proponer diligencias ante la unidad fiscal que investigue el caso. Las evidencias presentadas corresponden a trozos del informe presentado por la hoy, ministra de Corte.
