La Junta de CDE aprobó ayer la adjudicación a una empresa para la realización del trabajo.
Tras más de 20 años de desalojos, manifestaciones y reclamos, finalmente, la Junta Municipal de CDE aprobó ayer la adjudicación en el marco del llamado a licitación pública nacional para llevar a cabo la mensura judicial de la finca 66, que abarca numerosos populosos barrios, situados del lado Acaray, entre los kilómetros 4 y 7. La erogación aprobada por el legislativo comunal es de más G. 2.600 millones para los trabajos. La semana anterior, los moradores se movilizaron frente a la casa de los padres del intendente Miguel Prieto para reclamar, justamente, la aprobación.
La empresa adjudicada es Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, propiedad de Jorge Daniel Quintana. Se trata de la licitación pública nacional plurianual número 07/20, que se encargará de realizar la mensura judicial y actualización de catastro de la finca 29.295, más conocida como finca 66.
El trabajo abarcará tres etapas. La inversión inicial que se realizará en el transcurso de este año es de unos G. 1.400 millones, mientras que G. 1.273 millones se desembolsarán en el ejercicio fiscal del 2022.
Durante la sesión de ayer, se aprobó por unanimidad la homologación del contrato con la citada empresa. Con presencia de una importante cantidad de pobladores afectados por el conflicto que se suscita desde hace más de 20 años en la mencionada zona.
El concejal Teodoro Mercado (PLRA) dijo que en unos días más la Municipalidad de Ciudad del Este dará la orden de inicio para empezar los trabajos.
“Les aclaramos a los vecinos que la labor se va a hacer en etapas. Inicialmente se realizarán los trabajos de amojonamiento, plano georeferencial y algunas investigaciones”, expresó el concejal liberal.
Apuntó que el trabajo estará en manos de la citada empresa y que la Intendencia y la Junta Municipal cumplieron con el pedido de los vecinos.
Los pobladores vienen realizando movilizaciones desde hace varios meses, ya que el intendente les había prometido la realización de las mediciones. La semana pasada, estos llegaron hasta la casa de los padres del jefe comunal para escracharlo.
Elvio Barúa, uno de los afectados, dijo que están conformes con lo aprobado, pero que desde hace décadas esperan una solución. Además, agregó que hasta hace días soportaban amenazas de desalojos por parte del Ministerio Público, tras órdenes judiciales obtenidas de forma dudosa.
Luego de la mensura, muchos de los ocupantes de los inmuebles podrán pagar sus impuestos y contar con documentos de sus propiedades, ya que actualmente existen numerosos conflictos jurídicos por los terrenos. La zona afectada es desde el km 4, lado Acaray, hasta el km 7, abarcando populosos barrios como Che la Reina, Carolina, Don Bosco, Murucuyá, Las Carmelitas, entre otros.
ANTECEDENTES
El conflicto por las tierras data de varias décadas atrás, y el único camino para poner punto final al mismo es con una mensura judicial de las más de 700 hectáreas que comprenden la finca 66, e involucra a unas 20.000 familias.
La finca fue expropiada en el año 1990, de una empresa privada, a favor de la Municipalidad. Sin embargo, gracias a maniobras del Clan Zacarías, existen empresarios que se adueñan de las tierras, e incluso existen títulos superpuestos.
