Sandra McLeod, destituida por groseros robos a las arcas comunales. Sigue con beneficios en el Poder Judicial y la Fiscalía.
Pese a las numerosas chicanas planteadas por la exintendente municipal Sandra McLeod de Zacarías en el marco del proceso penal conocido como “Frontera Producciones”, la misma sigue siendo beneficiada con favores de parte de la justicia ordinaria y los agentes fiscales que la investigan. El viernes de la semana pasada fue convocada junto a otros ocho presuntos implicados en lesión de confianza, según imputación presentada por la fiscal Josefina Aghemo el pasado 29 de enero de los corrientes, luego de una serie de procedimientos en esta capital departamental, que habrían elevado las sospechas de la existencia del hecho de referencia.
También fueron procesados su esposo, el senador desaforado para esta causa, Ernesto Javier Zacarían Irún, además del exintendente Alberto Rodríguez, Carlos Darío Bordón Bottino, propietario de la firma señalada; David Christian Espínola Osorio, Juan Domingo Sanabria, Dora Elsi Rojas Espínola, Gustavo Adolfo Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola y Olga Beatriz Rojas Espínola. Los nueve citados fueron llamados a audiencia de imposición de medidas por la jueza penal de garantías Cinthia Garcete, el viernes último, oportunidad en que la destituida jefa comunal mayor había presentado un reposo médico para ausentarse a la convocatoria.
Según los datos extraoficiales, la magistrada habría dispuesto el beneficio de las medidas alternativas para los nueve, a pedido de la propia Fiscalía, representada por Josefina Aghemo. Las investigaciones abarcan desde el año 2014 hasta 2018, lapso en que la Municipalidad de Ciudad del Este otorgó a la firma “Frontera Producciones” la suma 2.090.199.000 guaraníes, en concepto de avisos institucionales. Posteriormente, el contrato fue aumentado según resolución 6511/2014 IM que ampliaba la resolución número 575/2014 JM, por valor de 403.248.500 guaraníes. Las cifras citadas habrían sido utilizadas para “arrendar comunicadores y medios de comunicación de la zona”, según se desprenden de las tibias investigaciones de Aghemo.
Un cúmulo de evidencias, hoy en poder del Ministerio Público, fue incautado durante varios allanamientos propiciados por la investigadora, que no resistirían cualquier análisis serio de contabilidad. Con la nueva situación, está demostrada una vez más que tanto jueces como agentes fiscales siguen sometidos al poder, amparados por políticos inescrupulosos que se enriquecen a costa de la cosa pública.
