Los encargados de la bóveda del Poder Judicial de Ciudad del Este se exponen a ser procesados por la supuesta desaparición de evidencias, que comprometerían seriamente al excajero judicial, Roberto Carlos Santos Ávalos, quien está siendo juzgado desde el 11 de marzo pasado por los supuestos hechos punibles contra la propiedad, el patrimonio, la prueba documental y contra el ejercicio de las funciones públicas.
El acusado está sindicado de haber adulterado más de 2 mil legajos de liquidaciones y desviado más de 1.200 millones de guaraníes. El juicio oral prosiguió este 16 de abril. El Ministerio Público está representado por la agente fiscal Vanesa Candia, titular de la Unidad Penal número 7.
Según la acusación fiscal, Santos Ávalos se desempeñó como cajero de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná entre los años 2008 y 2011, periodo en que presuntamente manipulaba recibos físicos cobrados por el mismo, totalizando al menos 2.086 legajos de liquidaciones en las que percibía un monto mayor al contenido de las declaraciones juradas y registrada en el sistema informático.
El perjuicio ocasionado asciende a 1.242.468.295 de guaraníes, según la denuncia realizada por el abogado Raúl Enrique Saguier Ortellado, el 17 de marzo de 2011.
En la fecha, el Tribunal Colegiado de Sentencia -presidido por la jueza Vitalia Duarte y conformado por los magistrados Serafín González y Fabio Aguilar- escuchó a 5 testigos, que prestaron declaraciones durante la audiencia pública.
En la oportunidad, igualmente, a los efectos de la realización de la pericia del equipo informático que usaba el acusado, el Tribunal solicitó al encargado de la Bóveda del Poder Judicial la remisión de la evidencia. Sin embargo, el mismo respondió que no han encontrado la referida evidencia y solicitó el plazo de 10 días para la búsqueda de la PC e impresora.
Ante tal situación, la fiscal Vanesa Candia solicitó a los miembros del Órgano Juzgador que se intime al encargado de la Bóveda y ordene al funcionario la búsqueda inmediata y remisión de las evidencias en el plazo de 48 horas ante el Tribunal de Sentencia.
Además, la representación pública se reservó el derecho de solicitar la remisión de los antecedentes al Ministerio Público para la investigación penal correspondiente en caso de que las evidencias no aparezcan. El tribunal hizo lugar al pedido de la representación pública y ahora se aguarda el resultado de la búsqueda de las evidencias.
El acusado está representado por el abogado Jorge Bogarín, quien interviene en el juicio por medio telemático y quien lo asiste en forma personal es el abogado Martín Galeano. La continuación del debate público está prevista para el próximo 20 de abril, a partir de las 08:00, según informó la fiscal Vanesa Candia.
