La fiscalía especializada anticorrupción mató ayer las esperanzas de la ciudadanía al presentar un pedido de sobreseimiento provisional para Sandra McLeod de Zacarías, destituida intendente de Ciudad del Este, y otras cinco personas, en el marco de la causa abierta por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, que propició el desvío de un multimillonario monto de dinero de las arcas municipales.
Sandra McLeod de Zacarías, destituida de la intendencia por hechos de corrupción, otra vez beneficiada por la Fiscalía, de la mano de Sandra Quiñónez.
El escrito firmado por los fiscales Natalia Fuster, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, todos de unidades especializadas anticorrupción del Ministerio Público, beneficia a Sandra María McLeod de Zacarías, Marcos Aurelio González Escurra, Nilsa Elizabeth Paiva Dávalos, Genaro Ramón García, Vicente Rodríguez Florentín y Cristhian David Espínola Osorio. En los fundamentos del requerimiento se destaca que la entonces intendente Sandra McLeod suscribió contrato con la firma MG Distribuidora y Eventos, con llamado a licitación número 42/2.018, por un monto de G. 1.534.281.500 para la provisión de productos alimenticios a la planta procesadora que producía leche de soja y panificados. Estos alimentos debían ser distribuidos en las guarderías municipales, así como la elaboración de chipas, cestas básicas, como también administrar los cursos de cocina y repostería en la Escuela de Artes y Oficios. Por la provisión de productos alimenticios, la comuna desembolsó G. 1.247.256.500, según se desprende de los documentos incautados y analizados por los técnicos del laboratorio forense del Ministerio Público.
El contrato habría sido firmado al solo efecto de utilizar las facturas de MG Distribuidora y Eventos para desviar los fondos públicos. Las irregularidades se detectaron durante la auditoría practicada por la Contraloría General de la República, en la que determinaron el desvío de G. 6.000 millones entre los años 2017 y 2018. En la causa, los representantes legales de la destituida intendente jugaron a las chicanas desde su inicio, tanto es así que recusaron a la jueza Cinthia Garcete, reasignada a Dólica Giménez de Liuzzi y luego del sorteo pagó a manos de Fátima Burró, todos jueces de garantías, recusados con confirmación pendiente en la Cámara de Apelaciones.
La decisión de la Fiscalía fue severamente cuestionada, atendiendo que la suposición, lejos de tender hacia conseguir un castigo penal, apostaría al blanqueo de todos los imputados, en otra sumisión absurda del Ministerio Público y el Poder Judicial, a los caprichos políticos del jefe del clan, el desaforado senador Javier Zacarías Irún.
