El fiscal Edgar Torales imputó a una vendedora que habría desviado alrededor de 45.000 dólares en perjuicio de dos firmas comerciales. Ayer la mujer se presentó al juzgado penal de garantías ante la jueza de garantías Alba Meza, quien suspendió la audiencia ya que la presunta autora del hecho se presentó sin un abogado.
El fiscal Edgar Torales imputó a una mujer que desvió dinero de sus empleadores. El procedimiento penal ya está en curso.
Se trata de Noelia Villalba Quiñónez, mayor de edad, domiciliada en el barrio Santa Rosa de Presidente Franco, quien responde al proceso por apropiación. La misma es empleada de la firma denominada Mitsuwa SA, donde se practicó una auditoría con las liquidaciones de los clientes para reclamar los pagos que se efectuaban de manera directa y a través de giros a nombre de la ahora procesada en supuesta complicidad con sus familiares.
La auditoría concluyó que el pasado 5 de febrero y determinó los movimientos de caja que le corresponde a Noelia Villalba Quiñónez, con un faltante de 40.000 dólares en perjuicio de la firma y otros USD 5.000, que debieron ser rendidas a la cuenta de la firma Tati e Hijos S.A. La mujer fue indagada por los faltantes, oportunidad en que admitió haberse apropiado de dichas sumas, induciendo a las firmas deudoras, pasando el nombre y los datos de una persona que no tiene relación alguna con la empresa como receptora del giro, con el fin claro de desviar dichos fondos.
La procesada se comprometió en reponer el dinero en un plazo no mayor de 48 horas, pacto que incumplió, por lo que fue denunciada ante el Ministerio Público. La mujer fue llamada por el fiscal para ser oída en indagatoria, pero hizo uso de su derecho legal de abstenerse y solicitó copia de las actuaciones en la carpeta fiscal. Torales resolvió imputarla por el artículo 160 del Código Penal en concordancia con el 29 de la misma norma y por las disposiciones del artículo 245 del Código Procesal Penal, pidió se disponga el beneficio de las medidas alternativas a la prisión por ser el hecho considerado delito. Asimismo requirió que el juzgado de garantías le otorgue plazo de seis meses para concluir sus investigaciones y presentar el requerimiento conclusivo que corresponda en derecho.
Ayer, Noelia Villalba Quiñónez se presentó ante la jueza, pero lo hizo sin su abogado, hecho que motivó un nuevo llamado para el 2 de marzo, bajo apercibimiento de nombrarle un defensor público. Las firmas afectadas, solo exigen lo que les corresponde y por ello llevaron adelante la denuncia.
