Pobladores del distrito de Miga Porã, ubicado al norte del Alto Paraná, lamentan la total ausencia del Estado en la comunidad, dado que se ven afectados por la falta de recursos para educación, acompañamiento al sector campesino y hasta sufren la escasez de agua potable. El intendente Clementino Portillo (PLRA) y representantes de varios sectores presentaron las numerosas necesidades ante la Junta Departamental, el martes último. No descartan movilizaciones.
Estudiantes de la Universidad Nacional del Este (UNE), filial Minga Porã, cuestionan el recorte del presupuesto del Ministerio de Hacienda de más de G 4.300 millones para la casa de estudios. Los universitarios alegan que necesitan bibliotecas, laboratorios, entre otros equipos, y que son personas de escasos recursos que no pueden acceder a universidades privadas para contar con una profesión.
Indicaron que la mayoría llega a la universidad gracias al transporte que ofrece la Municipalidad local, porque no cuentan con recursos para costear el gasto que demanda la movilidad.
Igualmente, directivos de escuelas del distrito afirman que las casas de estudios no cuentan con agua potable, y que necesitan la perforación de pozos artesianos para que los niños puedan acceder al vital líquido de buena calidad.
Por su parte, el representante del Movimiento Campesino Paraguayo, Paulo Ojeda, cuestiona la ausencia total del Estado en el sector campesino. Sostiene que los productores de mandioca de Minga Porã soportan peripecias por el bajo precio del producto. Esto cuando el consumidor final paga hasta diez veces más el kilo por el comestible.
“Tenemos un nulo acompañamiento. Necesitamos que baje la brecha del precio que nosotros vendemos a los comerciantes, y el precio que nosotros les vendemos”, resalta el labriego.
Insiste que la falta de condiciones para los productores primarios genera el éxodo de los mismos a las grandes ciudades, lo que trae el aumento de la delincuencia.
El intendente y los representantes de dichas organizaciones piden acompañamiento a los concejales departamentales para que el gobernador Roberto González Vaesken, y el Gobierno nacional den respuesta a sus necesidades.
Asimismo, los activistas anuncian que llevarán a cabo movilizaciones y cierre de rutas en la zona norte del décimo departamento, en caso que las autoridades ignoren sus pedidos.
