El entorno del intendente de Minga Guazú, Digno Caballero, anunció que hoy entregarán los documentos requeridos por la Junta Municipal durante la sesión ordinaria. En tanto, la oposición anuncia que presentará el pedido de intervención de la institución municipal, manejada por Caballero hace casi 10 años. Existen serias sospechas de irregularidades en el uso del dinero público. Se teme que no exista mayoría para aprobar el pedido de investigación.
El intendente Digno Caballero durante una de sus actividades oficiales.
El concejal Eudes Mereles (ANR) afirmó que el entorno de Digno Caballero entregaría hoy ante la Junta Municipal las respuestas a los pedidos de informe hechos al jefe comunal. De todos modos, el plazo para responder a los requerimientos de los concejales ya venció el pasado 29 de setiembre, dado que en agosto se le había otorgado una prórroga más de 30 días.
Mereles afirmó que la falta de respuestas a pedidos de información hechos por el legislativo municipal es causal de intervención, y que las consultas a Caballero fueron sobre cuestiones muy graves. El edil anunció que hoy presentarán ante la Junta la solicitud de intervención de la comuna minguera. Sin embargo, no se contarían con los votos necesarios.
Los demás concejales que forman parte de la bancada opositora son solamente tres: Edgar Franco (ANR), Proto Meza (ANR) y Óscar Romero Roa (ANR).
Mereles apuntó que es necesaria la presión social para el cambio de postura de los concejales liberales oficialistas: Zonia Alfonzo (PLRA), Luan Carlos Friedeling (PLRA), Blas Báez (PLRA), y Arnaldo Ramón Báez (PLRA).
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Existen serias sospechas de irregularidades cometidas por Caballero. Entre ellos, la entrega de subsidios a 15 operadores políticos con recursos del Fonacide, que solo deben ser destinados a obras, sobre lo que también se solicitó informes al intendente, pero no se logran respuestas. Igualmente, se requirió conocer el criterio para la entrega de becas y ayuda social, los beneficiados, monto y documentos respaldatorios. Asimismo, se pidió al intendente documentos sobre el funcionamiento de la escuela de Artes y Oficios, funcionarios, disponibilidad presupuestaria, entre otros. También se exigió al intendente que explique sobre la contratación directa a numerosas empresas que estarían ligadas al Ejecutivo.
Entre otras de las sospechas de irregularidades, se encuentra el pago de liquidación de unos G. 34 millones a la cuñada de Caballero, Elizabeth Vargas, hermana de la diputada Blanca Vargas de Caballero. La beneficiada con los millones se desempeñaba como directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). Esto pese a que la ley prohíbe el pago de indemnizaciones a funcionarios de confianza.
