Una trifulca se desató en la terminal de ómnibus de Ciudad del Este, luego de que la jueza de primera instancia en lo laboral del segundo turno, Nélida Alvarenga, hizo lugar al amparo promovido por los directivos de Itá Paraná y ordenó la devolución de la terminal a la empresa. El intendente Miguel Prieto, escrachadores y funcionarios municipales echaron del lugar a una comitiva judicial que se presentó para hacer cumplir la disposición judicial. El jefe comunal dijo que no entregará el bien municipal. Anunciaron que denunciarán a la jueza ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La notificación llegó a la Municipalidad de Ciudad del Este en horas de la mañana, comunicando la decisión de la magistrada y disponiendo la devolución de la estación de buses, tras hacer lugar a un amparo constitucional promovido por Itá Paraná Comercial e Industria Inmobiliaria y Agropecuaria S.A. Enseguida, el intendente declaró que no entregará la terminal, se presentó en el lugar e instó a la ciudadanía a “defender el bien público”. ´
Luego, un importante número de personas se reunió en el sitio en apoyo a la decisión de Prieto de recuperar la terminal de colectivos. Posteriormente, se constituyeron en el lugar el abogado de la empresa que explotaba hasta hace unos días la estación de buses y una comitiva judicial para hacer efectiva la devolución a la empresa. Fue allí que se desató una gresca entre el intendente, funcionarios, escrachadores, quienes se opusieron a que se cumpla con la orden judicial.
También, los afines a Prieto se enfrentaron con el exjefe de transportes de la Gobernación del Alto Paraná, el zacariista Manuel Amarilla, a quien echaron a patadas y golpes de la terminal, donde este funge de funcionario municipal.
DENUNCIA ANTE EL JEM
Luego de lo ocurrido, la comuna llamó a una conferencia de prensa, donde anunciaron que denunciarán a la jueza Nélida Alvarenga ante el JEM. La directora de asesoría jurídica, Nidia Silvero de Prieto, calificó de “inaudita, arbitraria, ilegal, amañada, acomodada y negociada la decisión de la jueza”. Indicó que el juzgado no puede desconocer la legitimidad de la resolución municipal. Igualmente, apuntó que hay un proceso sobre el caso en la Cámara de Apelaciones.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, Mauro Barreto, resaltó que el amparo no pudo darse legítimamente, porque existen otros procesos paralelos que están siendo discutidos en instancias administrativas.
A su vez, el director de finanzas, Daniel Pereira, dijo que en nueve días de administración, la comuna ya recaudó G. 133 millones solo en dársenas, sin cobrar aun los alquileres de locales y estacionamiento. Insistió en que, en un año, la administración de Itá Paraná causa pérdidas de casi un millón de dólares al ente municipal.
