El cuestionado juez penal de la niñez y la adolescencia de la VI Circunscripción Judicial, Marino Méndez, trabó su suspensión en la Corte Suprema de Justicia, al entablar un recurso de reposición ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Este órgano extra poder había resuelto, en su sesión ordinaria de la semana pasada, la suspensión del magistrado y elevó la decisión a la máxima instancia judicial que debió resolver ayer la notificación de cese en sus funciones sin goce de sueldo. De esta manera, los miembros de la Corte, resolvieron aguardar la decisión del Jurado para luego tomar la determinación que corresponda.
La inusual presentación de Méndez tendría un fuerte contenido político, apadrinado desde la clandestinidad por inescrupulosos que tratan de sostenerlo en el cargo para seguir beneficiándose con sus resoluciones desajustadas a derecho, según dijeron profesionales que ejercen la abogacía en la zona, que citaron directamente al senador colorado Javier Zacarías Irún. En su histórico, el juez en cuestión cuenta con numerosos antecedentes de resoluciones que favorecieron al clan ZI, como la prohibición a la Junta Municipal de tratar la renuncia presentada por la destituida intendente Sandra McLeod. Agentes fiscales especializados en delitos económicos no dejaron de sorprenderse cuando el juez, firmó la resolución por la que rechazaba el pedido de reapertura de una causa penal por enriquecimiento ilícito contra Zacarías Irún, ya que adujo que el mismo no era funcionario público. Sin embargo, para tomar la determinación, Méndez omitió tratados internacionales de los que Paraguay es signatario y en los que se especifica que “el ejercicio de una función dentro de la institución pública, aunque fuera ad honorem, posiciona a la persona en carácter de funcionario público”.
De momento, la Corte Suprema sigue dilatando la suspensión del magistrado, pese a las evidencias de su compromiso con la corrupción pública, con lo que evita la investigación contra políticos denunciados por graves hechos que comprometen severamente las arcas de la administración municipal de Ciudad del Este. Es de suponer que el JEM emitirá su fallo ante el recurso presentado y destrabará la imposibilidad técnica de la Corte para obrar en consecuencia, ordenando el castigo para Méndez por sus hechos en el ejercicio de la magistratura.
