SANTA RITA. Representantes legales y exdirectivos de la empresa Agrícola Colonial SAIC están confiados en aclarar las denuncias existentes y que embarran el buen nombre de la firma y personas allegadas, teniendo en cuenta la dudosa honorabilidad de los abogados de la asociación de supuestas víctimas, además de que los propios “acusadores” tienen en su contra diversos procesos penales en distintas causas. Inclusive, los principales “cabecillas” del grupo ni siquiera aparecen como denunciantes, por el aparente temor de una contrademanda por denuncia falsa.
Exdirectivos y abogados de la empresa Agrícola Colonial alegan que están convencidos de aclarar todas las denuncias que obran en la unidad dl fiscal Hugo Vázquez de esta ciudad. Los mismos están imputados por los supuestos hechos de apropiación, estafa y lesión de confianza, sin embargo, sostienen que cuentan con todos los documentos para demostrar la inverosimilitud de las acusaciones.
Refieren además que el hecho de que entre los abogados que fungen de asesores de los productores, supuestamente estafados, hayan personas con antecedentes por extorsión, coacción grave y otros, poco favor hace a los denunciantes, ya que un manto de dudas cubre las graves acusaciones que lanzaron contra Jaime Hammes y Agrícola Colonial.
Uno de los abogados de esta asociación de supuestos estafados es Aldo Insfrán Romero, imputado años atrás al verse involucrado en un caso de extorsión. En aquella oportunidad, una asistente fiscal, el abogado Insfrán y un contador fueron detenidos tras el cobro de una coima de 10.000 dólares al administrador de una empresa en el marco de una causa que fraguaron, supuestamente, al solo efecto de extorsionar. La captura fue tras un operativo encubierto llevado a cabo por una comitiva fiscal y policial. Tras su aprehensión, los mismos fueron imputados por hechos punibles en el ejercicio de las funciones públicas, extorsión, coacción grave, producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso.
No obstante, los acusados chicanearon en la causa hasta que el 25 de febrero de 2015, por sentencia definitiva nº 3, el juez Silvio Rojas decreta la extinción de la acción penal, antes que se lleve a cabo el juicio oral. De esta forma, los sospechosos quedaron desvinculados del proceso, no porque se demostró su inocencia o se dudó de su responsabilidad sino porque lograron extinguir la causa. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debió abrir de oficio una investigación en la causa n° 513/09 y sancionar a los jueces que permitieron la impunidad, cosa que tampoco ocurrió.
ABOGADA TAMBIÉN MUY CUESTIONADA
La abogada que también funge de asesora de los presuntos productores estafados, Lourdes Cantero Wolf, quien, según las fuentes, había sido denunciada por estafa por la Universidad Privada del Guairá (UGP). La misma además sería planillera en el Ministerio de Educación (MEC). Además, su hermano es el concejal departamental César Cantero Wolf, quien estaría operando fuertemente a nivel político a favor de la asociación y en defensa de los intereses particulares de su hermana.
A los asesores legales de los imputados además les llama poderosamente la atención que los dirigentes o responsable de la asociación, Clever Beuren Marmitt y Alfeu Lui, no aparecen como denunciantes, o no se presentan como víctimas. Es decir, los mismos “convencieron” a los productores a promover la denuncia penal, al parecer, sin fundamentos para una acción penal, sin que ellos participen en la denuncia, con lo cual no asumen ningún tipo de responsabilidades por denuncia falsa o, por la posibilidad de una indemnización de daños y perjuicios.
Agrícola Colonial anunció que no retrocederá en la ejecución de las deudas y, en especial a aquellos que, de mala fe, utilizan a productores con el propósito de evitar, a su vez, el pago de sus obligaciones. Según los asesores de los investigados, la supuesta asociación en realidad es una fachada promovida por los deudores que, después de impulsar las acciones penales, no lo firman, haciéndolo a otros que lo hagan, quedando solo los productores legítimos como utilizados para la acción penal.
