Hechos punibles de lesión de confianza, estafa y otros son las tipificaciones penales imputadas a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública que, valiéndose de su cargo, movilizaba cuentas a nombre de sus compañeros de trabajo y se quedaba con gruesos montos de dinero que eran retirados a nombre de terceros. Se trata de Cristina Mabel Martínez, de 29 años, residente en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, quien habría realizado transacciones a través de cheques emitidos en concepto de créditos enviados por la sede central que fueron adulterados con firmas de la misma, simulando ser la titular de las cuentas, para efectivizarlos en el banco.
El hecho punible fue detectado cuando los funcionarios reclamaron la demora de los desembolsos del dinero solicitado y de inmediato se solicitó una pericia documentológica en la cual se constató que las firmas obrantes en los endosos de los cheques corresponden a la ahora imputada. Con las evidencias colectadas en la etapa incipiente de la investigación, la fiscal Zunilda Ocampos Marín dispuso el procesamiento penal de la denunciada, al confirmar los desvíos de fondos pertenecientes a terceros, en un monto que supera los G. 170 millones, afectando directamente a varias personas, todas funcionarias de la cartera sanitaria.
La representación pública, analizados los hechos y elementos fácticos, sostiene que la conducta desplegada constituye hechos punibles de acción penal pública, consistentes en apropiación, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en calidad de autora. Ocampos encuadró la conducta de Cristina Mabel Martínez dentro de las previsiones de los artículos 187, inciso 1°; 160, inciso 2°; 192 y 246 del Código Penal y solicitó cuatro meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo, dejando a cargo del juez penal de garantías, la imposición de medidas que crea conveniente, conforme los detalles descriptos en el acta de imputación.
La mujer soporta otros cuatro procesos por los mismos hechos punibles en las unidades penales 3, 5, 9 y 11 de la Fiscalía de CDE, según las constancias obrantes en la carpeta de investigación fiscal. Martínez sería propietaria de varios negocios, entre los que se incluiría un motel en Presidente Franco, según los datos arrimados a la agencia investigadora y que todos ellos serían productos de las sucesivas estafas cometidas.
