La concesión del contrato por cinco años al shopping Paris es una compensación solicitada por la empresa en base a la ley 1618/00, donde reconoce en su Art. 37, “la posibilidad de peticionar una prórroga de plazos por demoras en la disponibilidad de bienes, si se dieren demoras como la disponibilidad de los terrenos públicos que produzcan inconvenientes o demoras en su ejecución o costos adicionales al desarrollo de la obra”. Esto considerando que la firma afrontó una serie de factores que impidieron la explotación a tiempo del centro comercial, además de un millonario gasto “extra” que realizó al costear el desagüe cloacal, cuya obra debió ejecutar la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (ESSAP). Además, surgió otra traba por parte de representantes del Ministerio Público y la Secretaría del Ambiente (SEAM), lo que retrasó la construcción aproximadamente cinco años, razones que obligaron a los empresarios a solicitar la compensación para recuperar la pérdida que sufrieron al principio de la ejecución de proyecto.
Son varios los motivos que obligaron a los directivos de la firma K y K Shopping SA, dueños del shopping Paris, a solicitar la concesión del contrato por cinco años, en compensación a los impedimentos que afrontaron al principio de la obra, tal como está previsto en la ley 1618/00.
De acuerdo con los datos a los que accedió La Clave, los directivos del centro comercial aguardaron un buen tiempo a que los responsables en ese entonces de la ESSAP realizaran el alcantarillado y desagüe cloacal sobre la avenida Luis María Argaña, donde se erigió el colosal centro de compras. Pero como los responsables del ente público se desentendían, los dueños del shopping tuvieron que asumir los gastos de la construcción y llevaron adelante la obra que, según los documentos, oscilan entre 1.500.000 a 2.000.000 de dólares. Esta inversión no fue prevista por la firma, atendiendo a que el gobierno de aquel entonces tenía que poner en condiciones el sistema de desagüe. Pero finalmente los directivos de París tuvieron que costear y concretaron la obra. Sin embargo, aquel inconveniente apenas se trataba de uno de los múltiples impedimentos para avanzar y finalmente habilitar el centro de compras, pues surgieron otros.
Un grupo de mesiteros promovió varias denuncias penales, que posibilitaron la intervención del Ministerio Público, además de la SEAM. Los representantes de ambas instituciones, lejos de fomentar la inversión, también se sumaron a las trabas, pues impidieron el avance de la construcción, supuestamente, porque pretendían una millonaria coima. Pero, al cabo de un largo tiempo, se destrabó la cuestión judicial y continuó la construcción, ya con un importante retraso que causó un incalculable perjuicio patrimonial a los empresarios, debido a que empezaron tarde la explotación del centro de compras.
Es así que en enero del 2017, la empresa K y K solicitó a la Municipalidad de Ciudad del Este reconocer y compensar el tiempo perdido por los imprevistos suscitados, en base la ley 1618/00, que prevé justamente situaciones como las soportadas por los empresarios orientales que invirtieron millonaria suma de dinero para edificar el centro de compras que en la actualidad es prácticamente una carta de presentación de la capital departamental y que una vez que cumpla el contrato quedará bajo dominio comunal.
PRESIÓN
Actualmente, los concejales, principalmente, la nueva presidente de la comisión de legislación, Lilian González de Aguinagalde, están insistiendo con dejar sin efecto la concesión que ella misma había aprobado en su momento. La edil, supuestamente, ejerce todo tipo de presión en busca de sacar alguna ventaja económicas conforme revelaron fuentes municipales.
