Un grupo de funcionarios y planilleros cesados por la interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, Carolina Llanes, se manifestó ayer en el predio de la institución contra la medida adoptada. La medida de fuerza estuvo encabezada por Castorina “Katy” Molinas, hermana de la cuestionada exconcejal zacariista, Aida Molinas, quienes, en reiteradas ocasiones, protagonizaron hechos violentos. Los manifestantes pidieron una audiencia con Llanes.
Fueron cerca de 30 personas las que se manifestaron en el predio de la comuna. Utilizaron micrófono y un parlamente para hablar. “Katy” Molinas dijo durante una de sus exposiciones que algunas de las despedidas son del área de servicio social de la Municipalidad.
“Esta gente le consigue a los más pobres camas de internación para hospitales, cajón y lugares en cementerio”, dijo Molinas. Agregó que lo que quieren es “seguir trabajando pacíficamente”.
“La interventora prometió que no iba a cesar funcionarios, que no habrían despidos, y nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con nuestros horarios y nuestro trabajo”, expresó. Los funcionarios se reunieron con el equipo interventor, tras exigir la audiencia.
La no renovación de contratos está prevista para 94 supuestos planilleros, quienes fueron detectados tras el censo de funcionarios realizado por Llanes luego de haber accedido al cargo de administradora de gastos de la comuna, tras ser apartada del cargo Sandra McLeod de Zacarías.
La interventora refirió que los planilleros fueron identificados mediante el censo e informes de los propios directores de áreas, y ante las reiteradas ausencias de los ahora descontratados.
Al día siguiente del inicio de la intervención, una inusual cantidad inmensa de funcionarios fueron vistos formando fila para marcar el reloj biométrico en la comuna, lo que casi nunca se vio y llamó poderosamente la atención a los contribuyentes.
En tanto, la interventora afirmó que “el patio de la Municipalidad está lleno de asalariados sin función alguna”.
DENUNCIA
En tanto, el abogado de McLeod, el exdiputado Bernardo Villalba, dijo que Llanes viola la ley 317/94, de la Intervención, que prohíbe a la interventora llevar a cabo despidos. Apuntó que esta se debe hacer cargo del pago de indemnizaciones y se expone a ser denunciada por el incumplimiento de dicha normativa. Hasta la fecha 41 presuntos planilleros fueron notificados de que serían desvinculados.
