Un poderoso empresario brasileño que se codea con el poder político de turno y que pretende hacer añicos de la Constitución Nacional y las leyes paraguayas intenta apoderarse a la fuerza de un inmueble de 20 hectáreas que hace más de 10 años ocupa un productor agrícola. A pesar de que la Justicia dispuso una media de prohibición de innovar sobre el inmueble, “alquiló” a un grupo de cinco indígenas de la parcialidad Avá Guaraní para instalarse en la cabecera del inmueble y amedrentar y amenazar de muerte al poseedor.
El empresario tiene en el “bolsillo” al jefe policial de la comisaría 13ª de la ciudad de San Alberto, quien debía garantizar el cumplimiento de la resolución judicial. Sin embargo, el comisario se niega rotundamente al cumplimiento de la resolución judicial e inclusive cuestionó que la finca no cuenta con muralla viva de protección, alegando que se encuentra cerca una comunidad originaria.
Se trata de Doacir Bianchet, directivo de varias empresas, una de ella es Agroforte S.A. El brasileño se jacta de contar con el amparo y la protección del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Bianchet ya recurrió al segundo del Ejecutivo para torcer a su favor la Policía y la Justicia. La semana pasada, visitó a Hugo Velázquez en Asunción. Ahora utiliza la fotografía con el vicepresidente para infundir terror y medio en la zona de San Alberto donde mantiene un conflicto de tierra.
Bianchet mediante amenaza y la fuerza pretende despojar de un inmueble de 20 hectáreas al agricultor paraguayo de origen brasileño, Rafael Sikorski Da Silva. Este hace más de 10 años que está en posesión de la finca con matrícula nº k15/101, padrón nº 422, con superficie de 20 hectáreas y 0024 ms2, ubicada en la colonia San Ramón del distrito de San Alberto.
Según los antecedentes, Rafael en mayo del 2020 había realizado una permuta de su inmueble que tenía en el distrito de Itakyry con Valdir Sotti Nogueira. El primero entregó su propiedad de Itakyry a Valdir y el segundo le cedió las 20 hectáreas ubicadas en la colonia San Ramón, distrito de San Alberto.
Ambos no realizaron la escritura, porque eran conocidos de confianza, según los datos. Tiempo después, Valdir regresó a Brasil, donde había dejado varias deudas millonarias. Luego se había rematado la propiedad de 20 hectáreas que se encuentra en posesión de Rafael. En tanto, el inmueble de Rafael que había entregado a Valdir actualmente es ocupado por otra persona.
AMEDRENTAMIENTO
Ahora, el empresario Doacir Bianchet pretende apoderarse del inmueble que es ocupada legalmente por Rafael. En varias oportunidades amenazó al poseedor para que abandone el lugar, porque le pertenece, aunque no cuenta con el título de propiedad inscrito en el Registro Público, según las fuentes.
Rafael, a través de sus abogados, había planteado un interdicto de retener la posesión. La jueza civil de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, previa constitución a las tierras, a través del auto interlocutorio nº 194 del 2 noviembre del 2021, dispuso la prohibición de innovar y el ingreso de Doacir Bianchet en el inmueble en cuestión.
En otro punto de la resolución, la magistrada dejó bien en claro que Rafael puede ingresar a trabajar en las tierras donde actualmente cuenta con plantación de soja. La Policía Nacional debe garantizar el cumplimiento de la resolución, sin embargo, tal situación no ocurre. Es que el empresario, mediante padrinazgo del vicepresidente Hugo Velázquez y recursos económicos, amedrenta y compra a los agentes del orden de la zona, según la denuncia.
Bianchet, para infundir miedo al agricultor Rafael, “alquiló” a al menos cinco nativos de la parcialidad Avá Guaraní, a quienes a cambio de caña, mortadela y 100 mil guaraníes semanales por persona, instaló en dos precarias carpas levantadas en la cabecera de la finca. Los indígenas de día se encuentran en las carpas y de noche regresan a sus comunidades. Son explotados por unos pocos guaraníes.
SE NEGÓ A CUMPLIR ORDEN JUDICIAL
El comisario Félix Adrián Hermosilla Carballo se negó el viernes 3 de diciembre pasado a dar cumplimiento a la resolución judicial para que Rafael pudiera fumigar su plantación de soja. Los indígenas “alquilados” por Bianchet frente mismo a los uniformados comenzaron a dar filo a sus machetes para amedrentar y amenazar al agricultor, quien tenía intención de fumigar con fertilizantes su cultivo.
El comisario, antes que cumplir la resolución judicial, cuestionó que la finca no cuenta con muralla viva de protección. Tal situación es de mal gusto, pues el cultivo no se encuentra cerca de una población.
Pero el comisario, llamativamente, no ve que la ciudad de San Alberto esta en medio de cultivos, no existe muralla viva de protección y la fumigación se realiza periódicamente. Tal situación nunca denunció.
DESACATO
Los asesores legales de Rafael ya presentaron la denuncia de desacato contra el empresario y los indígenas. La investigación está a cargo del fiscal de Minga Porã, Edgar Benítez. El 22 de noviembre pasado, un tractor fumigadora de Bianchet había ingresado de manera clandestina a fumigar la plantación de Rafael. Entonces, los propios nativos habían actuado como guardias para que se pudiera pulverizar el cultivo.
