Una veintena de autoridades de la Universidad Nacional del Este (UNE), fueron imputados por varios hechos punibles. Entre los veinte procesados aparecen el actual rector Gerónimo Laviosa y su antecesor Víctor Brítez, además de los decanos de la Facultad Politécnica Eustaquio Martínez y de Filosofía, Blanca Totil de Moreno.
La imputación fue presentada por el fiscal Miguel Ángel Alvarenga, quien actuó largo tiempo después de haberse presentado la denuncia contra los responsables de la universidad, incluso, quiso mantener en escondite la causa de los medios de comunicación, todo porque las autoridades universitarias son amigos de la mayoría de los fiscales a quienes “condicionan” a cambio de cátedras.
Tras prácticamente haberse encaminado a la impunidad, finalmente la denuncia presentada contra las autoridades de la UNE, por corrupción, prosperó.
La denuncia más contundente y de lo que no hay duda y que constituye un hecho punible es el de cobro indebido de honorarios. Algunos docentes tenían una decena de cátedras que en la práctica era imposible cubrir. Todos estos están documentados, pero aún así, la fiscalía no procedía a imputar a los mismos. El primer responsable de la pesquisa fue el fiscal Marcelo Saldívar, quien mantuvo “archivado” el caso. Sin embargo posteriormente la causa pasó a la unidad de Alvarenga quien finalmente se animó presentar la imputación. Pero no se descarta que la determinación del fiscal sea apenas un mandato de influyentes políticos.
La denuncia data de mediado de octubre de 2015. Pese a la contundencia, la fiscalía tardó dos años para abrir la investigación contra los acusados.
AMIGOS
La mayoría de los fiscales son “amigos” de los directivos de la Une, debido a que casi todos cuentan con cátedras en las universidades.
