Diana Eveline Mereles Duarte, malograda jueza civil, comercial y laboral de la ciudad de Hernandarias, asesinada en sede judicial. Hay tres procesados en el caso.
El mundo jurídico regional se escandalizó este año, cuando el sábado 27 de junio, en el corredor de la sede judicial de Hernandarias era asesinada la jueza en lo civil, comercial y laboral, Diana Eveline Mereles Duarte, a manos de quien debió cuidar su seguridad, Wilson Scappini Villalba, de 28 años, funcionario del departamento de seguridad de la VI Circunscripción.
La magistrada estaba en su cuarto mes de funciones cuando fue brutalmente atacada por el guardia, que se habría encontrado bajo efectos del alcohol o algún tipo de estupefaciente, según las investigaciones que avanzan y el próximo 28, la fiscal Natalia Montanía deberá presentar requerimiento conclusivo en la causa abierta por homicidio doloso contra el asesino.
En la trama de la historia hubo varios acontecimientos que, incluso, merecieron la intervención de la Asociación de Magistrados, que entabló una denuncia penal contra innominados en mesa de entrada de la Fscalía de Ciudad del Este. En la escena del crimen, se encontraron latas de cerveza y el guardia habría estado junto a una “dama de compañía” al momento de ocurrido el crimen, cuyos trasfondos se tendrían detallados en el requerimiento conclusivo que, se espera, cuente con elementos que incriminen de manera seria al presunto autor del golpe que le causó mortal trauma a la magistrada.
En la causa están procesados igualmente, María Antonia Fernández Morel, de 19 años, bajo la tipificación de omisión de dar aviso de un hecho punible, ya que la misma se encontraba con Scappini Villalba cuando se produjo el homicidio y habría ayudado a modificar la escena del crimen. Un menor, técnico en celulares, está imputado por frustración de la persecución y ejecución penal, ya que habría “flasheado” el celular del guardia a pedido de la mujer.
Mereles Duarte era docente universitaria y la ejercía en varias carreras de la UNE y en otras universidades privadas. La Junta Municipal de CDE, a pedido de la Asociación de Magistrados, resolvió poner su nombre a la avenida que lleva a la nueva sede del Poder Judicial, en el km 8 Monday, que está siendo ocupada lentamente y el año próximo se iniciarán allí las actividades formales.
La magistrada dejó un viudo y un hijo adolescente, quienes junto a los padres y hermanos, esperan que la justicia les caiga con todo su peso a los responsables del macabro hecho. En 2020, la justicia en Alto Paraná ha tenido altibajos notorios, principalmente en blanqueo de graves causas que involucraban a conocidos políticos de la zona.
