J.O.D.R., detenida por varios hechos punibles. Está imputada con pedido de prisión por la fiscalía especializada en trata de personas.
Una mujer que prostituía a su hija menor de 12 años y otra vecina de 13 fue procesada con pedido de prisión preventiva por la fiscal especializada en trata de personas, Analía Rodríguez, de Presidente Franco. Una mujer viuda de 50 años fue detenida durante el allanamiento de su vivienda ubicada en el asentamiento Cristo Rey, km 25 Acaray, donde conforme los datos, eran prostituidas su hija menor y otras vecinas preadolescentes, entre las que está identificada una de 13 años a cambio de dinero.
Según la relación fáctica de los hechos relatados en el escrito de imputación, en la vivienda se organizaban fiestas donde eran invitados varios hombres que luego de consumir bebidas alcohólicas mantenían relaciones sexuales con las menores. La agencia fiscal dispuso la inspección ginecológica de las presuntas víctimas y, en consecuencia, el Dr. Eduardo Cano informó que ambas presentaban desgarro antiguo de himen. Los usuarios de los servicios sexuales no serían vecinos del mismo asentamiento a quienes las menores desconocen, según las constancias de las investigaciones preliminares.
La fiscal Rodríguez procesó a la mujer dentro de las previsiones de abuso sexual en niños en calidad de cómplice, proxenetismo en carácter de autor y omisión al deber de cuidado y educación, también en grado de autor, y solicitó al juzgado penal de garantías ordene la prisión preventiva de la encausada. No se descarta que existan otras adolescentes, al decir de las hasta ahora víctimas, ya que se manejaban con fotografías en un teléfono celular a cargo de la hija de la imputada que era forzada, al igual que las otras niñas, a las relaciones sexuales previo pago que recibía la ahora procesada.
La Fiscalía señaló que recibió la denuncia por el sistema de fono ayuda al 147, donde manifestaron que una de las víctimas estaría embarazada. Relató igualmente que se incautó durante el allanamiento una guía telefónica con registro de probables usuarios de los servicios sexuales de las menores víctimas, a más de un teléfono celular que contenía mensajes eróticos y la fotografía de una menor exhibiendo sus partes íntimas. Consideró que con las evidencias primarias colectadas, existe suficiente mérito para iniciar el proceso penal contra la presunta proxeneta, cuya suerte dejó a cargo de la jueza de garantías Nilda Estela Cáceres. Las víctimas quedaron a cargo de la defensora pública de la niñez, Sofía Borba.
