Fachada del sanatorio Le Blanc donde murió una joven en marzo de 2017.
El Ministerio de Salud Pública confirmó, a través del correspondiente certificado de registro, suscripto por el Ing. Pastor Cardozo y la Arq. María Teresa Franco, director y jefa del Departamento de Establecimientos de Salud, respectivamente, que tanto la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para adultos y el sanatorio Le Blanc de Ciudad del Este, recién fueron habilitados para operar como entidad hospitalaria el 2 de junio del 2017. Es decir, el 31 de marzo de ese año, cuando se produjo el deceso de la joven Evans Esperanza Caballero, el centro asistencial no contaba con ninguna autorización legal para atender a pacientes ni tampoco realizar procedimientos quirúrgicos.
Con ese informe se confirma que era un centro hospitalario “mau”. Igualmente, la unidad de cuidados intensivos para adultos tampoco estaba habilitada para los procedimientos médicos y técnicos de rigor.
Hace poco, el Tribunal de Apelaciones, sala penal, anuló el anticipo jurisdiccional de pruebas por el cual se conformó una junta médica, “constituida a la medida de los dueños y médicos del sanatorio Le Blanc”, que llamativamente se “olvidó” de señalar el motivo concreto y claro de los motivos que le llevaron a la víctima posterior a una cirugía estética a desencadenar un “shock séptico”, para intentar blanquear a los médicos y a los propietarios del centro asistencial privado.
Ante estas circunstancias, los abogados querellantes, en representación de la familia de la joven fallecida en dicho hospital, pedirán que realice una investigación penal por “prevaricato” en contra de los integrantes de la anterior junta médica, por la evidente presentación de un dictamen médico- pericial totalmente fraguado y amañado, señalaron.
Asimismo, peticionarán a la fiscalía adjunta y también a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia la realización de una auditoría interna con relación a la carpeta fiscal que obra en la unidad de Carolina Rosa Gadea y al expediente judicial para sancionar a los responsables de esta grave situación de desidia procesal, falta de imputación y posterior acusación de los médicos que, prácticamente, mataron a la joven Evans Esperanza Caballero.
