Agitadores inescrupulosos y oportunistas, asentados sobre la franja del río Acaray, al costado del Puente Costa Cavalcani, camino a Hernandarias, luego de la invasión de una propiedad del exdictador Stroessner, reunidos y organizados por el conocido abogado José Gill López, decidieron destruir la muralla perimetral de un inmueble urbano de cinco hectáreas, propiedad de la empresa Locadora Atlantic S.A., poniendo así en riesgo millonarias inversiones. El fin de semana último, los invasores volvieron a colocarse en los bordes de la propiedad, violando nuevamente la vigencia de medidas judiciales.
Los ocupantes de esta residencia serían los instigadores y principales invasores de la propiedad de la firma Locadora Atlantic S.A.
Desde la semana pasada, está bajo “amenaza permanente” la propiedad de la firma Locadora Atlantic S.A., ubicada en el barrio Pablo Rojas, bordeando el río Acaray, supercarretera en la divisa entre Ciudad del Este y Hernandarias. Por momentos se logró la restitución del bien, consistente en cinco hectáreas de tierra, sin embargo, el sábado los invasores volvieron a instalar precarias carpas en el borde de la propiedad.
De acuerdo con los datos, los invasores son vecinos de las inmediaciones del inmueble y que también son ocupantes ilegales de otra finca de la empresa, que queda del otro lado de la calle. Ambos terrenos son propiedad de la empresa Locadora Atlantic S.A., inclusive, la que bordea el río Acaray posee 17 medidas cautelares de prohibición de innovar y denuncias de invasión.
Luego de ingresar ilegalmente a la propiedad en cuestión, quemaron toda la producción de mandioca del casero y la pastura, además de derribar la muralla perimetral, según denuncia que obra en la Policía y el Ministerio Público.
Representantes legales de la empresa Locadora Atlantic S.A. señalaron que la firma es legítima propietaria desde el 2009, cuando la sociedad adquirió la propiedad con fines de inversión. Específicamente, está proyectada la construcción de un complejo denominado Condominio Acaray Park, un conglomerado de oficinas y residencias de alta calidad y responsabilidad ambiental, sin embargo, ante este ambiente de zozobra e inseguridad, creado por personas inescrupulosas, los empresarios están considerando desacelerar las inversiones, con las consabidas consecuencias para el país.
Sostuvieron que “es triste reconocer que los derechos constitucionales que posee la empresa en su carácter de legítima propiedad y poseedora del inmueble afectado no están amparada como debía ser, pese a la vigencia de los tratados internacionales suscriptos y ratificados por nuestro país, donde éste se ha comprometido ante la comunidad internacional a asegurar a través de sus poderes el acceso real a la justicia y la seguridad de las personas y sus bienes”. Añadieron que “esta situación que nos aflige constituye una grave y violenta falta de garantías, ya que el Estado está obligado a proteger y a asegurar a las personas la inviolabilidad de la propiedad privada. Vemos que las autoridades no están haciendo nada para dar garantías al sector privado, a los inversionistas. Los tratados son de cumplimiento obligatorio así como la Ley penal, pero no se siente ni se ven los mecanismos de acción de las autoridades, que son permisivas con los que quebrantan la ley y el Estado de Derecho”.
INSTIGADORES
Los datos indican que los principales instigadores de las invasiones son Mauricio Cabrera, su esposa Pablina Torales, y los hijos mayores de la pareja, Patricia, Eladio y Martín Cabrera Torales. Lorenza Ramírez de Larramendia sería otra de las invasoras, identificada durante la restitución del inmueble. Algunos invasores inclusive tendrían hijos o hijas que son funcionarios en el Poder Judicial, según señalaron las fuentes.
Cabe agregar que estas personas que actúan al margen de la ley cuentan con el “asesoramiento” del cuestionado abogado José Gil López, conocido “experto” en alentar invasiones de propiedades. El mismo incluso ya llegó a ser detenido durante un desalojo practicado en mayo del año pasado en Presidente Franco. Igualmente, ya fue denunciado y escrachado en más de una oportunidad por engañar a personas humildes, instigando a invadir tierras privadas.
