El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dio curso legal a una denuncia formulada por el abogado de un procesado por estafa que fue absuelto de culpa y pena por un tribunal de sentencias. Afecta a los fiscales Alfredo Ramos (trasladado) y Zunilda Ocampos, los jueces penales de garantías Amílcar Marecos y Carlos Vera Ruiz, y a los camaristas Aniceto Amarilla, Isidro González y Miryam Meza de López, todos intervinientes en la causa penal caratulada, Ministerio Público contra Hugo Yamil Meneses Vázquez, sobre supuesto hecho punible de estafa.
En el fondo de la cuestión, aparece la comercialización de una camioneta Toyota Land Cruiser, color blanco, chapa AAL 623, objeto de un juicio ejecutivo en la ciudad de Salto del Guairá, reclamada por Richar Bernardo Portillo Meira, en el proceso contra Marcial José Acuña Talavera. El extenso escrito señala que el 19 de junio de 2017, la Policía cumplió la orden de detención contra Meneses Vázquez y lo puso a disposición del fiscal Ramos Manzur, quien lo imputó con requerimiento de prisión preventiva, previa negativa de las recurrentes, abogadas Cinthia Lisboa y María Angélica Morquillas, a entregarle G. 5 millones al fiscal para evitar la prisión de su representado, por supuesta orden del entonces presidente del JEM, Oscar González Daher, hoy recluido en la Agrupación Especializada de la Policía. El fiscal habría amenazado que si no entregaban G. 15.000.000, su representado pasaría los próximos seis meses en prisión, hecho efectivizado con la resolución del juez penal de garantías Amílcar Marecos, quien, según el escrito, presionó al procesado a que cambie sus abogados defensores. Los propios representantes legales contrataron los servicios de otros profesionales para continuar el proceso y en dos oportunidades plantearon la revisión de la medida para beneficiar al procesado con medidas menos gravosas a la prisión.
A la primera presentación, el juez Marecos habría pedido USD 10.000 para Oscar González Daher y en la segunda el monto ascendió a G. 120 millones. En su reseña final, las recurrentes hacen mención al resultado del juicio oral y público realizado el 13 de diciembre del año pasado con resultado de absolución de culpa y pena, reproche y pena para Hugo Yamil Meneses Vázquez, porque no se ha podido probar la existencia del hecho punible investigado.
El Jurado dio trámite a la presentación y ya solicitó las compulsas del expediente que será analizado y juzgado por sus miembros. En su petitorio, exponen la separación del cargo para cada denunciado y su inhabilitación para ocupar cargos públicos por el plazo de cinco años.
