La escandalosa sentencia que benefició con apenas una multa de G. 200 mil mensuales por dos años –y sin pisar la cárcel– al narcotraficante Celso Darío Eladio Maldonado Florentín generó una ola de indignación y sospechas en el ámbito judicial y ciudadano. Tanto el fiscal antidrogas Elvio Aguilera como el juez penal de garantías, Carlos Vera Ruiz, intentaron ayer justificar sus aberrantes actuaciones en la causa, pero sus explicaciones chocan con claras disposiciones legales y revelan un intento por deslindar responsabilidades en una decisión judicial que huele fuertemente a corrupción.
El fiscal Elvio Aguilera, en declaraciones a Radio La Clave, reconoció que la condena de solo dos años fue producto de una recomendación del fiscal adjunto Jorge Sosa, quien le habría sugerido reducir la pena para posibilitar la aplicación del procedimiento abreviado con suspensión de condena. “Fue por recomendación de Sosa” –dijo–, deslindando su responsabilidad. Sin embargo, la ley exige que, para aplicar el procedimiento abreviado con suspensión de condena, la expectativa de pena no debe superar los cinco años, y que la reducción por colaboración debe quedar dentro del marco penal legalmente previsto.
En este caso, la Ley nº 1340/88 establece penas de 5 a 15 años por tráfico de drogas. La aplicación del artículo 43 de dicha ley permite una reducción de hasta tres años, si la delación ocurre tras el auto de prisión. Pero la sentencia dictada por el juez Vera Ruiz bajó la condena a tan solo dos años, en abierta contradicción con las normas legales. “Prácticamente, Aguilera reconoció que en el Ministerio Público ya no vale el Código Penal, sino lo que dice el fiscal adjunto Sosa”, comentó un abogado penalista.
Por su parte, el juez Carlos Vera, también entrevistado por LC Comunicaciones, defendió su resolución alegando que está “adecuada a derecho” y rechazó los cuestionamientos. Cuando fue consultado sobre su relación con la abogada defensora del narcotraficante, Gloria Patricia Figueredo Ortigoza, quien realizó pasantía en su unidad penal, el magistrado afirmó que no tenía motivo para inhibirse. “En una causa anterior me inhibí de un exfuncionario y el Tribunal de Alzada rechazó mi inhibición, entonces esta vez ya no lo hice”, expresó.
La causa nº 2121/2024, fallada el pasado 25 de abril, otorgó al narcotraficante no solo una condena irrisoria, sino además la suspensión de su ejecución, permitiéndole evitar la prisión. En su lugar, Maldonado Florentín deberá solamente donar G. 200 mil mensuales durante dos años a una entidad de beneficencia y no podrá cambiar de domicilio sin autorización judicial. Todo esto pese a que fue hallado con 17,4 kilos de cocaína, ocultos en su vivienda del km 16 de Minga Guazú, en un operativo realizado el 7 de octubre de 2024.
MIEMBRO DEL CAAP CRITICA SENTENCIA JUDICIAL POLÉMICA
El abogado Mauro Barreto, miembro del Colegio de Abogados del Alto Paraná CAAP, explicó que el procedimiento abreviado no puede aplicarse cuando el marco penal supera los cinco años, como en este caso. “La delación debe probarse en juicio oral y público, no en audiencia preliminar. Esto es un claro abuso de la figura del procedimiento abreviado”, señaló.
La sentencia no contiene fundamentos sólidos que justifiquen la reducción de pena ni detalla la supuesta colaboración del condenado. Tampoco explica por qué se impuso una pena inferior incluso a la mínima prevista. “Se creó un marco penal ficticio”, apuntó otra fuente judicial. El fallo, lejos de responder a los intereses de justicia, parece una estrategia legal para blanquear una decisión irregular, presumiblemente a cambio de una alta suma en dólares, según trascendidos en los pasillos judiciales.
JUEZ MUY CUESTIONADO
El juez Carlos Vera Ruiz no es ajeno a la polémica. Su historial incluye un hábeas corpus preventivo otorgado al narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado y varios episodios de maltrato verbal contra fiscales. En uno de ellos, durante una discusión con la fiscal Ruth Karina Benítez, exclamó: “¡Cállese! ¡Yo soy la autoridad acá!”. El episodio fue grabado y se viralizó. En otro caso, calificó de “caprichosa” a la fiscal Liliana Duarte por oponerse a medidas alternativas en un proceso de violencia familiar.
Actualmente, el juez Vera está solicitando su traslado a Asunción y el fallo a favor de Maldonado Florentín fue interpretado por sectores críticos como parte de una maniobra para “cerrar su ciclo” con favores procesales que podrían estar motivados por pagos indebidos.
En definitiva, ni el fiscal Aguilera ni el juez Vera lograron disipar las dudas sobre una sentencia que distorsiona la ley, relativiza la gravedad del narcotráfico y debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Ambos se defendieron con argumentos poco creíbles y que evidencian que la sentencia habría sido producto de un “arreglo” extrajudicial antes que respetando las normas y la legalidad.
