Una vez más, la podredumbre en el sistema judicial sale a la luz con un caso que evidencia cómo la impunidad puede comprarse con dinero. Es el caso del narcotraficante Celso Darío Eladio Maldonado Florentín, beneficiado con una irrisoria condena de dos años. Pero lo más grave no es solo la sentencia en sí, sino la operación que la hizo posible, orquestada presuntamente por una rosca judicial integrada por el juez Carlos Vera, el fiscal antidrogas Elvio Aguilera y el fiscal adjunto Jorge Sosa, jefe directo del primero. El dato más revelador y escandaloso del caso es que la defensa técnica del narcotraficante fue ejercida por la joven abogada Gloria Patricia Figueredo Ortigoza, quien era pasante en el juzgado del propio magistrado Vera. La misma prácticamente no cuenta con experiencia en litigios, lo cual genera una fundada sospecha de que fue utilizada como ficha funcional en una maniobra cuidadosamente calculada por los mencionados actores del sistema judicial.
La sentencia dictada en la causa nº 2121/2024 el pasado 25 de abril (S.D. Nº 6) no solo vulnera normas legales fundamentales, sino que delata una clara estrategia para disfrazar de legal una concesión judicial absolutamente irregular, presuntamente a cambio de una alta suma en dólares, según trascendidos provenientes de fuentes judiciales. El fallo, lejos de responder a los intereses de la justicia y la sociedad, parece más bien el resultado de una negociación espuria entre el juez Vera, los fiscales Aguilera y Sosa, y el entorno del narcotraficante.
Maldonado Florentín fue hallado en posesión de 17,4 kilogramos de cocaína, distribuidos en 15 paquetes dentro de su vivienda en Minga Guazú. Pese a tratarse de un hecho punible con penas de 5 a 15 años de prisión, fue condenado a solo 2 años, en virtud de un procedimiento abreviado y de la cuestionada aplicación del artículo 43 de la Ley 1340/88. Lo absurdo del fallo no termina allí: el juez Carlos Vera suspendió la ejecución de la pena, permitiendo que el narco quede en libertad y simplemente done una suma simbólica de G. 200 mil durante dos años a una institución benéfica.
La resolución judicial no explica adecuadamente por qué se aplicó una pena inferior incluso a la mínima prevista en la ley ni fundamenta la supuesta colaboración del imputado para desarticular redes criminales, como exige la normativa. En vez de cumplir su función de acusador público, el propio Ministerio Público se comportó como defensor del narcotraficante, solicitando la aplicación de la ley que reduce la pena abriendo camino al blanqueamiento del proceso irregular.
Todo apunta a que la joven abogada fue colocada adrede como pantalla para disimular lo que ya estaba pactado en las altas esferas del Ministerio Público y del Juzgado. La rosca entre Vera, Aguilera y Sosa operó con precisión para proteger a un narcotraficante confeso y dejar un mensaje claro: en Paraguay, con dinero y amigos en el sistema judicial, el crimen puede salir impune.
JUEZ POLÉMICO
El juez Carlos Vera, con este polémico fallo, habría hecho su último “golpe”, pues según versiones estaría consiguiendo su traslado a la capital del país, mediante el padrinazgo de los propios ministros de la Corte.
La sospecha de que hubo pago de una alta suma de dinero para garantizar una sentencia benévola ha generado fuerte indignación en sectores judiciales y ciudadanos.
El magistrado estuvo involucrado en varias polémicas, como el otorgamiento de un hábeas corpus preventivo al narcrotraficante Lindomar Reges Furtado, buscado en Brasil y un tenso altercado con la fiscal Ruth Karina Benítez durante un procedimiento judicial. El procedimiento consistía en un peritaje (examen técnico) del chasis de un camión cisterna en el marco de una causa por supuesta manipulación de graficaciones técnicas y otro delito. La discusión se originó porque la fiscal Benítez argumentó que el acto era nulo debido a la ausencia del propietario del camión, Alcides Almirón Acha. Durante el intercambio, se reportó que el juez Vera exclamó con firmeza: «¡Cállese! ¡Yo soy la autoridad acá!». El incidente fue grabado en video y se difundió ampliamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
En 2023, se registró otro incidente de maltrato verbal por parte del juez Carlos Vera Ruiz hacia otra fiscal, Liliana Denice Duarte. Esto ocurrió durante una audiencia de revisión de medidas en un caso de violencia familiar.
FISCAL MILLONARIO
En tanto, el fiscal Elvio Aguilera, quien estaría inmerso en la corruptela conjuntamente con policías de antinarcóticos, cuenta con un millonario patrimonio, una principesca mansión y lujosos vehículos, revelaron fuentes.
