La creciente popularidad de los cigarrillos electrónicos —más conocidos como vapers o pods— ha desatado una crisis sanitaria silenciosa pero devastadora, especialmente entre los jóvenes. Lejos de ser una alternativa “más saludable” al tabaco tradicional, estos dispositivos esconden una toxicidad mucho más peligrosa, tanto por su composición química como por su altísimo nivel de nicotina, que puede ser decenas de veces superior al de un cigarrillo convencional.
La evidencia médica es contundente: el vapeo puede causar desde daños pulmonares severos hasta cáncer, pasando por la activación de genes oncogénicos y la supresión de aquellos que combaten tumores. Lo que es aún más alarmante es que estos dispositivos están al alcance de adolescentes desde los 12 años, sin ninguna restricción real. Basta con caminar por el microcentro de Ciudad del Este para ver menores comprando vapers coloridos y con sabores frutales, como si se tratara de caramelos inofensivos. El engaño es doble: son adictivos y mortales.
Pero este drama sanitario tiene otro costado igual de grave: el económico y legal. Ciudad del Este se ha convertido en el verdadero emporio del contrabando de cigarrillos electrónicos en Paraguay. El negocio es multimillonario. La mayoría de estos productos ingresa de forma irregular al país —principalmente desde China— a través del aeropuerto Silvio Pettirossi, para luego ser distribuidos masivamente en la capital del Alto Paraná. Desde allí, se venden tanto al por menor como al por mayor, abasteciendo el mercado interno y, sobre todo, el mercado negro de Brasil y otros países latinoamericanos donde estos dispositivos están prohibidos.
La evasión fiscal y el contrabando son descarados: se camuflan vapers como artículos electrónicos o informáticos para evitar impuestos, se subvalora la mercadería, se falsean registros, y el resultado es un régimen de impunidad absoluta. Las autoridades sanitarias, aduaneras y fiscales miran para otro lado, cuando no son cómplices directos de este esquema que enriquece a unos pocos y daña a toda la sociedad.
La aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca regular la importación, comercialización y consumo de estos dispositivos es un paso en la dirección correcta. Pero su parálisis actual en el Senado, por presiones de grupos económicos poderosos, es una muestra más de cómo el lobby del dinero suele imponerse a la salud pública. No podemos seguir aceptando que los intereses comerciales estén por encima de la vida de nuestros hijos.
Paraguay necesita actuar con urgencia y firmeza. Regular los vapers no es solo una cuestión sanitaria, es una cuestión de Estado. No podemos permitir que Ciudad del Este siga siendo la capital del veneno electrónico. La negligencia, la codicia y la permisividad nos están costando demasiado caras. Es hora de poner fin a esta epidemia silenciosa antes de que sea muy tarde.
