Una requisa sorpresa se llevó a cabo a tempranas horas de ayer en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, ante sospechas de que miembros del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) ocultaban armas de fuego dentro del penal. El operativo movilizó a agentes penitenciarios y a la Policía Nacional desde las 06:30. Aunque se incautaron numerosos elementos prohibidos, no se logró ubicar las armas que, según informes de inteligencia, estarían destinadas a una fuga masiva.
El operativo se concentró en los pabellones A alta, B alta y la zona de manualidades, donde se presume están recluidos varios integrantes de la facción criminal Primer Comando da Capital (PCC). La requisa permitió hallar caletas camufladas que contenían cuchillos de fabricación casera, drogas, teléfonos celulares, bebidas alcohólicas y otros objetos prohibidos. Sin embargo, no se encontraron las seis armas de fuego que motivaron la intervención.
Según fuentes penitenciarias, las armas habrían sido introducidas por funcionarios corruptos a cambio de dinero. La Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, con una sobrepoblación del 886%, se ha convertido en un foco de operaciones del crimen organizado, donde el control parece haber escapado de las manos del Estado.
El director del penal, Joel Durañona, manifestó que están trabajando para erradicar la corrupción interna, aunque sus declaraciones no difieren mucho de los discursos repetidos por sus antecesores. “Nuestro objetivo es frenar el ingreso de objetos ilícitos y mejorar la seguridad”, aseguró, sin anunciar medidas concretas ni sanciones contra funcionarios sospechosos.
La situación dentro del penal es alarmante. Las constantes requisas con resultados similares evidencian un sistema penitenciario colapsado. Los operativos revelan que el control de las cárceles está siendo socavado por redes criminales que operan con libertad desde las celdas.
Organizaciones civiles y expertos en seguridad han vuelto a exigir una reforma estructural del sistema penitenciario nacional. Advierten que sin voluntad política y sin intervención real, las cárceles seguirán funcionando como centros de planificación de delitos, poniendo en riesgo a la ciudadanía.
La penitenciaría regional de Ciudad del Este, lejos de ser un lugar de rehabilitación, continúa siendo una bomba de tiempo, donde los reclusos más peligrosos viven con privilegios y los vecinos temen por sus vidas ante la posibilidad constante de una fuga o motín violento. Las autoridades aseguran que continúan los esfuerzos para frenar la corrupción dentro del sistema, pero los resultados hasta ahora siguen siendo decepcionantes.
