La concesionaria Tape Porã S.A., que opera un tramo clave de la Ruta PY02 entre Caaguazú y Ciudad del Este, está en el centro de duras críticas por el deterioro de la vía, el alto costo del peaje y los polémicos vínculos que la conectan con el expresidente de la República, Horacio Cartes, declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos.
Pese a cobrar un peaje de G. 18.000 por vehículo desde enero de este año, y con un nuevo aumento previsto para julio, la empresa ofrece un servicio deficiente que pone en riesgo a miles de automovilistas que circulan a diario. Baches, banquinas destrozadas, señalización casi inexistente y una grave falta de iluminación son apenas algunas de las condiciones que definen el estado actual de la ruta.
A lo largo del trayecto que va desde Pastoreo hasta Minga Guazú, el abandono es evidente. En puntos como el kilómetro 5,5, los trabajos recientes de reparación fueron tan precarios que ni siquiera incluyeron la pintura de la calzada. En el km 10, el deterioro del asfalto y los baches representan un peligro constante. En Minga Guazú, los kilómetros 14, 20 y 30 muestran el mismo patrón de descuido, a pesar de estar muy cerca del puesto de peaje ubicado en el km 25. La situación genera el rechazo generalizado de la ciudadanía, que denuncia el cobro abusivo por un servicio que no cumple con los estándares mínimos de seguridad y mantenimiento.
NEGOCIO BLINDADO HASTA 2053
El contrato de Tape Porã fue extendido en 2016 hasta el año 2053 durante la presidencia de Horacio Cartes, en circunstancias que han sido calificadas como ilegales por legisladores del Frente Guasu. La prórroga se habría realizado sin una licitación pública, violando la Ley de Concesiones. Lo más grave es que, en el momento de la extensión, Cartes era accionista mayoritario de Jiménez Gaona y Lima S.A., una empresa asociada con Conempa S.A., principal accionista de Tape Porã.
Conempa controla el 50% del consorcio, completado por Tecnoedil S.A. (15%), Emprendimientos & Concesiones S.A. (15%), Constructora Acaray S.A. (10%) e Inversiones Ocho S.A. (10%). Esta estructura accionaria y las conexiones con Jiménez Gaona y Lima S.A. refuerzan las sospechas de que el entonces presidente habría adjudicado beneficios directos a empresas vinculadas a su propio grupo económico.
Aunque Tape Porã ha emitido comunicados negando tener vínculos con Cartes o con Jiménez Gaona y Lima, la empresa se ha abstenido de explicar claramente la relación entre su principal accionista, Conempa S.A., y la firma supuestamente controlada por el exmandatario. La falta de respuestas sólidas y la negativa a transparentar sus vínculos empresariales han encendido las alarmas en la opinión pública, que percibe un conflicto de intereses grave y una posible autoadjudicación de contratos públicos.
En su momento, los entonces senadores Ricardo Canese y Ermo Rodríguez presentaron una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, exigiendo una investigación sobre las irregularidades en la extensión del contrato. El caso también pone en evidencia los peligros de la concentración del poder político y económico en manos de un mismo grupo, y la facilidad con que se utilizan los recursos del Estado para beneficiar intereses particulares.
OTRAS DENUNCIAS
A las denuncias por el mal estado de la ruta y la irregular adjudicación de la concesión se suman otras preocupaciones, como la ocupación indebida de espacios públicos. En varios puntos del tramo concesionado, se han instalado estaciones de servicio de la firma Integral (Grupo Bahía), en lugares estratégicos como el km 11 de Ciudad del Este, Juan León Mallorquín y Pastoreo.
Estas gasolineras, según múltiples denuncias, fueron construidas sin que se realicen procesos de licitación ni expropiación, lo que sugiere una grave connivencia entre la concesionaria Tape Porã, el Ministerio de Obras Públicas y empresas privadas. Este tipo de operaciones, llevadas a cabo al margen de la legalidad, no solo violan normas vigentes, sino que también consolidan una lógica perversa en la gestión del espacio público, donde los intereses comerciales prevalecen sobre los derechos de la ciudadanía.
El caso de Tape Porã es un símbolo del fracaso del modelo concesionario en Paraguay, cuando este se gestiona con opacidad, sin controles adecuados y bajo la sombra de la corrupción. Lejos de garantizar un servicio de calidad a los usuarios, el contrato firmado bajo el gobierno de Horacio Cartes ha generado ganancias millonarias a costa del bolsillo ciudadano y de una infraestructura en ruinas. El silencio cómplice de las autoridades del MOPC y la ausencia de fiscalización rigurosa refuerzan la percepción de que Tape Porã goza de un trato privilegiado, producto de su cercanía con los círculos de poder político y económico.
