Una familia del barrio San Lorenzo de Presidente Franco vivió momentos de angustia e indignación durante la mañana del miércoles último, luego de que agentes del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional y la Fiscalía irrumpieran por error en su vivienda. El procedimiento se ejecutó con una orden judicial, pero en una dirección equivocada, lo que derivó en un grave atropello a la intimidad de los residentes, quienes denuncian trato prepotente por parte de la comitiva interviniente.
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 07:30 del miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Bernardino Caballero casi Teniente Rojas Silva, propiedad de la Inés Torres, conocida como “Ña Ñeki”, y su esposo Cipriano Martínez, ambos de 53 años, quienes residen en el lugar desde hace más de una década.
La orden de allanamiento fue firmada por la jueza penal de garantías Karina Frutos, en el marco de la causa nº 2292/2024 que investiga un hecho de tentativa de homicidio doloso. El procedimiento fue solicitado por el fiscal Edgar Benítez Delgado y tenía como objetivo la localización de Vidal Valdez Florentín, supuesto implicado en el hecho punible.
Sin embargo, los agentes no verificaron correctamente la dirección del inmueble señalada en la orden judicial y ejecutaron el allanamiento en un domicilio ajeno al investigado. Los uniformados ingresaron abruptamente, revisaron todas las habitaciones de la casa, incluyendo roperos, cajones y objetos personales, sin ofrecer explicaciones claras a los moradores.
“Fue un atropello. Nos trataron como delincuentes, sin tener nada que ver con lo que buscaban”, relató Ña Ñeki Torres, visiblemente afectada por la situación. Agregó que los efectivos “tocaron todas nuestras cosas, entraron a nuestra pieza, revisaron el ropero, y ni siquiera pidieron disculpas”.
El esposo, Cipriano Martínez, cuestionó con dureza la falta de profesionalismo de los investigadores. “Esto demuestra la falta de preparación y el desinterés en hacer bien su trabajo. Nos expusieron públicamente, los vecinos pensaban que éramos criminales”, expresó.
La comitiva policial abandonó el lugar minutos después, cuando comprobaron que el sospechoso no residía allí. Testigos grabaron la retirada del grupo, en medio de una fuerte discusión con los propietarios, y los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando una ola de indignación ciudadana.
Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni el Departamento de Investigación de Delitos emitieron un comunicado oficial sobre el fallido operativo. La falta de respuesta institucional ha profundizado el malestar de la familia afectada y de vecinos de la zona, quienes exigen una explicación pública y sanciones para los responsables.
Organizaciones sociales y usuarios en redes sociales repudiaron la intervención y calificaron la actuación policial como “arbitraria, negligente y peligrosa”. Además, advirtieron que este tipo de errores no solo violan los derechos de personas inocentes, sino que también desacreditan la labor de las fuerzas de seguridad.
Los afectados anunciaron que recurrirán a instancias legales para exigir una reparación por los daños sufridos y para que este tipo de procedimientos no vuelvan a repetirse sin los controles mínimos de rigor.
