El Instituto de Previsión Social (IPS) vuelve a ser escenario de una polémica designación que deja al descubierto el entramado de influencias políticas y negocios millonarios entre el sector público y privado en Alto Paraná. El Dr. Darío Villalba, médico oncólogo con reconocida trayectoria, fue desplazado del cargo de director médico del hospital de la previsional de Ciudad del Este, y en su lugar asumió el Dr. Pablo Federico “Pali” Cabral Cubells, un profesional con pasado cuestionado y fuertes vínculos con el Partido Colorado, además dueño de un sanatorio privado que acapara millonarios convenios y negocios con el Gobierno.
La designación de Cabral Cubells, uno de los propietarios del sanatorio Central de Ciudad del Este, estaría motivada más por favores políticos que por méritos profesionales. Según versiones que circulan dentro del propio sistema de salud, el nuevo director habría sido apadrinado por una conocida diputada del oficialismo colorado, figura clave en los nombramientos dentro del ente previsional. La misma influencia política habría impedido la continuidad del Dr. Villalba, quien había asumido el cargo el 13 de marzo de 2025.
El caso se suma a una preocupante denuncia sobre el esquema de “mafia de la terapia intensiva” que opera impunemente en Alto Paraná. Este entramado, según profesionales del sector, manipula la derivación de pacientes para beneficiar a sanatorios privados, como el mismo sanatorio Central, que cuenta con convenios con el Ministerio de Salud Pública para recibir pacientes cuando no hay camas disponibles en el sistema público.
El Dr. Cabral Cubells no es un desconocido en el ámbito de la salud pública. Ya fue director del Hospital Regional de Ciudad del Este y, en 2009, estuvo involucrado en un caso de presunta negligencia médica, tras la muerte de una joven de 16 años, María Lourdes Cabrera. Aunque fue investigado, una autopsia con resultados poco claros le permitió evitar la imputación.
MAFIA DE LA UTI
Más recientemente, en febrero de este año, el pediatra Juan Manuel Del Puerto denunció con fuerza la existencia de una estructura mafiosa en el manejo de camas de terapia intensiva, tras la trágica muerte de un niño de ocho años. El menor falleció durante su traslado a un hospital a 74 kilómetros del hospital distrital de Presidente Franco, cuando había disponibilidad en un centro privado a solo 6 kilómetros.
“El SEME no hizo una búsqueda exhaustiva de camas en el sistema público y direccionó el traslado para favorecer a un sanatorio privado”, había denunciado Del Puerto, señalando directamente al esquema de convenios entre el Ministerio de Salud y sanatorios privados. El sanatorio Central figura entre los principales beneficiarios de estos acuerdos, que mueven sumas millonarias del erario público.
El trasfondo de esta nueva designación en el IPS revela, una vez más, que los cargos claves en la salud pública siguen siendo utilizados como moneda de cambio por el oficialismo colorado. Con apoyo político y alianzas estratégicas entre funcionarios y clínicas privadas, los intereses económicos parecen prevalecer sobre el bienestar de los pacientes y la ética médica.
Lejos de apostar por una gestión transparente y profesional, el sistema de salud en Alto Paraná continúa capturado por una red de poder donde los favores políticos, las conexiones partidarias y los negocios con el dolor humano marcan la pauta.
