Resulta cada vez más evidente que el Ministerio Público ha dejado de actuar como garante de la ley para convertirse en un brazo ejecutor de la persecución política, especialmente en el caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. La insistencia con la que los fiscales visitan y “verifican” las obras de la administración municipal raya lo absurdo, sobre todo cuando se contrasta con la pasividad con la que ignoran escándalos de corrupción en otros municipios del país, incluso, con evidencias públicas y notorias.
En lugar de investigar con la misma rigurosidad las gestiones plagadas de irregularidades —como las de intendentes apadrinados por sectores oficialistas— la Fiscalía parece tener una sola brújula: Ciudad del Este. Casi como si fuera pecado recuperar recursos públicos y volcarlos en áreas tan sensibles como la salud, Miguel Prieto y su equipo se ven permanentemente hostigados, citados y fiscalizados por una obra que, paradójicamente, salvó vidas en plena pandemia.
El intendente fue claro al señalar que los fondos provenientes de la terminal de ómnibus —más de 16.000 millones de guaraníes que antes iban a parar a bolsillos privados— hoy están siendo invertidos en la salud pública, en infraestructura hospitalaria, en servicios para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Pero en lugar de celebrar estos logros, la Fiscalía insiste con su campaña de desprestigio y desgaste.
¿Por qué no vemos la misma insistencia en municipios donde existen denuncias por obras fantasmas, sobreprecios y nepotismo descarado? ¿Por qué el Ministerio Público calla cuando se trata de aliados políticos del poder central? Esta doble vara erosiona la credibilidad institucional y alimenta una peligrosa percepción: que la justicia no es ciega, sino que mira hacia donde le ordenan mirar.
Es innegable que toda gestión pública debe ser fiscalizada. Pero el problema surge cuando esa fiscalización se convierte en una herramienta de persecución sistemática, un arma política disfrazada de legalidad. Lo que ocurre en Ciudad del Este no es una búsqueda de transparencia, sino una operación de acoso institucional, disfrazada de interés por el bien común.
Miguel Prieto podrá tener detractores y críticos —como todo político en ejercicio—, pero es uno de los pocos que ha demostrado con hechos concretos que se puede administrar con transparencia y voluntad de servicio. Hoy, su mayor “pecado” parece ser el de no formar parte del engranaje de poder tradicional, ese que se alimenta del clientelismo, la impunidad y el blindaje mutuo.
La ciudadanía no es tonta. Observa, compara, evalúa. Y cuando ve que a unos se les mide con lupa y a otros se les permite hacer y deshacer sin consecuencias, la conclusión es inevitable: lo de Ciudad del Este no es justicia, es persecución.
