La Ruta PY02, que debería ser una arteria vital para el desarrollo económico y social del país, se ha transformado en un símbolo de injusticia, desidia y entrega del patrimonio nacional al capital privado. En el tramo concesionado a la empresa Tape Porã S.A., los paraguayos viven a diario una verdadera odisea que combina peligro, altos costos y un abandono escandaloso del deber estatal de velar por el interés público.
Durante la reciente Semana Santa, miles de automovilistas volvieron a padecer lo que ya se ha convertido en una rutina humillante: largas filas bajo el sol ardiente, en el peaje del kilómetro 26 de Minga Guazú, donde la lentitud del cobro, la falta de tecnología y la total ausencia de alternativas para descongestionar el tránsito generaron caos y malestar. Lo más indignante es que esta situación ocurre pese a que los usuarios pagan una tarifa altísima por circular por una ruta en pésimas condiciones.
Mientras el Gobierno Nacional liberó el peaje en otros tramos administrados por el MOPC para facilitar la circulación en días clave, la concesionaria Tape Porã decidió ignorar esa medida, argumentando que las tarifas están fijadas por contrato. Así, el ciudadano pagó, esperó, y volvió a pagar, sin recibir nada a cambio. La ruta que va desde Pastoreo hasta Minga Guazú presenta un estado lamentable: baches, hundimientos, banquinas intransitables, señalización deficiente y una total falta de iluminación convierten el trayecto en una verdadera trampa mortal, especialmente en horario nocturno o en días de lluvia.
Pese a este desastroso servicio, Tape Porã se prepara para aplicar un nuevo aumento del peaje en julio. Desde enero, la tarifa básica trepó a G. 18.000 y pronto subirá a G. 19.000. Es decir, se paga más por un servicio que empeora día tras día. ¿Dónde está la inversión prometida? ¿Qué se hace con los millonarios ingresos que percibe la empresa mes a mes?
La concesionaria justifica los incrementos afirmando que los mismos se destinan a mejoras como bacheos, señalización y limpieza. Pero la realidad es otra: los usuarios denuncian que solo se realizan intervenciones mínimas, parches superficiales que no resuelven los problemas estructurales. El deterioro avanza, mientras el contrato asegura a la empresa el control del tramo hasta el año 2053, gracias a un acuerdo entreguista firmado durante el gobierno de Horacio Cartes.
Y como si esto fuera poco, se suman fuertes sospechas de irregularidades y negocios turbios. La instalación de estaciones de servicio del emblema Integral (Grupo Bahía), en espacios públicos de dominio estatal a lo largo de la ruta —como en Ciudad del Este, Mallorquín y Pastoreo— se habría realizado sin licitación pública ni procesos de expropiación. Estas acciones, que claramente violan principios básicos de transparencia y legalidad, apuntan a acuerdos oscuros entre la concesionaria, funcionarios del MOPC y empresarios cercanos al poder.
El malestar ciudadano es creciente, y con justa razón. Tape Porã representa todo lo que está mal en un modelo de concesiones que prioriza la rentabilidad de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría. La Ruta PY02, en lugar de ser una autopista moderna y segura, se ha convertido en una vía cara, peligrosa y mal mantenida, donde los derechos del usuario valen menos que los intereses de un grupo empresarial.
Frente a este panorama, el silencio del Gobierno es ensordecedor. La ciudadanía exige respuestas y acciones concretas. El contrato con Tape Porã debe ser revisado de inmediato, porque se está incumpliendo lo pactado y se está perjudicando gravemente al pueblo paraguayo. No puede haber desarrollo ni justicia cuando el Estado se pone de rodillas ante los intereses empresariales y permite que se atropellen los derechos más básicos de los ciudadanos.
El presidente Santiago Peña y el Ministerio de Obras Públicas tienen la obligación moral y legal de poner fin a esta burla. No se puede seguir permitiendo que una empresa privada recaude fortunas a costa del sufrimiento y el riesgo de millones de paraguayos. La patria no puede seguir siendo el botín de unos pocos.