Una muestra flagrante de la selectividad con que actúa la justicia paraguaya es el escandaloso caso del abogado Carlos Alcides Velázquez Martínez, quien en junio del año pasado agredió cobardemente a una trabajadora de estación de servicios en Ciudad del Este. A pesar de la gravedad del hecho, la causa no prosperó, no hubo imputación fiscal, y el denunciado continúa libre, sin siquiera haber pisado una sala de audiencia. Esto contrasta con el reciente caso del abogado Walter Acosta, imputado, procesado y preso por haber abofeteado a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), durante una inspección en una gasolinera de Tavapy.
Velázquez Martínez fue denunciado el 11 de junio de 2024 ante la comisaría 3ª del barrio Santa Ana por la trabajadora Marlene Báez Fretes, de 27 años, quien relató que fue agredida físicamente por el profesional del derecho cuando se negó a priorizarlo en la atención. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 en la estación de servicios Petrosur, ubicada sobre la Ruta PY07, en el Área 1 de Ciudad del Este.
Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron con claridad el momento en que el prepotente abogado bajó de su camioneta Ford Ranger, de color rojo, con matrícula CFB 717, y tras exigir ser atendido con preferencia, perdió el control al no obtener lo que quería: empujó a la trabajadora, la tomó del cabello y tiró al suelo su quepis, en un acto de agresión física humillante y absolutamente desproporcionado.
La denuncia llegó al Ministerio Público y recayó en la unidad 3, entonces a cargo de la agente fiscal Diana Gómez, quien nunca impulsó la causa, pese a la existencia de pruebas documentales y testigos. Posteriormente, la causa nº 8852/2024 pasó a ser interinada por la fiscal Cinthia Leiva, quien, hasta la fecha, tampoco mostró el más mínimo interés en investigar o imputar al agresor, quien no obstante llegó a un acuerdo civil con la víctima, quien desistió de su denuncia.
Velázquez Martínez es presidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este (Aso UNE), cargo al que accedió mediante una asamblea muy cuestionada, y que terminó por vaciar de contenido a la organización. De hecho, muchos egresados abandonaron la asociación al considerar que el abogado usó la entidad para fines políticos y personales, como congraciarse con el entonces candidato al Consejo de la Magistratura, Enrique Berni. Asimismo, en redes sociales circulan fotografías en las que aparece abrazado con el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, dejando entrever sus nexos con sectores del poder político nacional.
CASO WALTER ACOSTA: CUANDO EL PODER ACTÚA CON TODO SU PESO
Muy diferente fue el tratamiento dado al caso del abogado Walter Acosta, quien agredió a la funcionaria del INTN Lourdes Sosa Cuevas, durante una inspección oficial a una estación de servicios en Tavapy, el pasado 18 de marzo. En este caso, el Ministerio Público actuó con extrema rapidez: Acosta fue imputado por coacción, coacción grave y resistencia, y tras estar unos días prófugo, fue arrestado, procesado y actualmente está preso. La jueza incluso le denegó la libertad condicional.
¿Por qué tanta diferencia? La explicación es simple: la funcionaria agredida pertenece a una institución del Estado y, además, es cercana a la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos. En cuestión de horas, el aparato estatal reaccionó: el Senado, la Cámara de Diputados, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y diversos gremios de abogados repudiaron lo ocurrido. El caso Acosta ocupó portadas, fue debatido en redes sociales y generó un escándalo nacional.
Pero en el caso de Carlos Velázquez, ni una sola institución salió en defensa de la playera agredida. No hubo condena pública, ni pronunciamientos, ni presión social. La causa simplemente fue silenciada. Y el abogado continúa ejerciendo libremente, protegido por la cómoda impunidad que otorgan los vínculos políticos y el desinterés de un Ministerio Público cada vez más desacreditado.
Ambos casos, puestos en comparación, muestran a las claras cómo funciona la justicia en Paraguay: si se agrede a una persona sin poder, probablemente no pase nada; pero si se toca a alguien con respaldo político o institucional, le cae todo el peso del Estado. Esta disparidad es inaceptable en un Estado de Derecho, y deja al descubierto que la justicia paraguaya no actúa con objetividad ni equidad, sino según los intereses y las influencias.
