Dos puestos de control de la Patrulla Caminera, instalados a menos de cinco kilómetros de distancia uno del otro sobre la Ruta PY06, desataron una ola de indignación entre los pobladores de Santa Rita y Tavapy, quienes denuncian que los agentes estarían más enfocados en “recaudar” para Semana Santa que en garantizar la seguridad vial. La instalación de dos puestos de control a pocos kilómetros de distancia genera el fuerte repudio ciudadano.
Según los denunciantes, los operativos no se centran en hacer cumplir la Ley de Tránsito ni en prevenir accidentes, sino en extorsionar a los automovilistas mediante supuestas infracciones inventadas en el momento, con el único fin de cobrar coimas. Uno de los puntos de control fue habilitado recientemente en la zona donde funciona una báscula, mientras que el otro es un puesto permanente ubicado en el km 30 de Minga Guazú, camino a Tavapy.
“La presencia de los llamados ‘zorros grises’ solo entorpece el tránsito y representa un riesgo para los conductores, quienes son presionados para pagar coimas bajo amenazas de sanciones arbitrarias”, señalaron ciudadanos afectados, quienes pidieron mantener su anonimato por temor a represalias.
HARTAZGO CIUDADANO
La denuncia, difundida por La Clave Comunicaciones, generó una avalancha de reacciones en redes sociales. “Los peajeros ladrones y recaudadores del gobierno no previenen nada, solo se dedican a sacar plata a los trabajadores”, expresó indignado Carlos César López. Por su parte, Nelson Gómez Chamorro sostuvo que “estos delincuentes te inventan cualquier excusa para coimear, aunque tengas todo en regla”.
Otro usuario, Tiago Roberto Szydloski, pidió directamente el cierre del puesto de control del km 30 y la eliminación de la “garita recaudadora”, mientras que Elisabeth Villalba calificó a los agentes de la Caminera como “recaudadores sinvergüenzas”. Incluso hubo quienes ironizaron que estos operativos buscan “hacer para su chipa” de Semana Santa, como manifestó Samuel Fernández.
DIRECTOR “INTOCABLE”
El blanco principal de las críticas es el inspector mayor Ramón Torres, actual director regional de la Patrulla Caminera en Alto Paraná, quien lleva casi dos años al frente de la institución en el departamento. Torres arrastra denuncias por presunta corrupción, permisividad con actos ilícitos dentro de su institución y decisiones altamente impopulares, como el intento de prohibir a los bomberos voluntarios de Minga Guazú realizar colectas en la ruta.
A pesar de los múltiples cuestionamientos, sigue en el cargo gracias a la protección del director general de la Patrulla Caminera, inspector general Eustacio González, quien, lejos de tomar medidas, respalda su cuestionada gestión. Torres es considerado por muchos como “intocable”, una figura blindada por la cúpula de la institución.
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, recordó recientemente que las barreras de control de la Patrulla Caminera fueron prohibidas desde el inicio del actual gobierno. Sin embargo, en los hechos, los operativos ilegales continúan bajo el pretexto de “patrullajes preventivos”, lo que pone en evidencia la falta de autoridad o, peor aún, la existencia de una estructura de corrupción que opera con total impunidad.
En pleno siglo XXI, la ciudadanía sigue enfrentándose a una institución que, en vez de velar por la seguridad vial, se ha convertido —según denuncias— en una máquina de recaudación paralela. Y mientras los conductores son obligados a “colaborar” con su bolsillo, los verdaderos responsables del caos siguen firmes en sus cargos, preparando, tal vez, su “operativo pro chipa” anual.
