En Santa Rita, una vez más, los ciudadanos se ven expuestos a los riesgos de una atención médica deficiente, no por falta de infraestructura o equipamiento, sino por la irresponsabilidad de profesionales de la salud que abandonan sus guardias sin el menor sentido de ética ni compromiso humano. El reciente caso del Dr. Manuel Zorrilla, denunciado públicamente por el concejal municipal Diego Coronel, evidencia una conducta absolutamente reprochable y, aún peor, reiterada.
Cinco minutos antes del inicio de su turno, el citado profesional notificó que no se presentaría a la guardia, argumentando que considera un «castigo» trabajar los fines de semana. Esa actitud caprichosa no solo viola su deber como médico, sino que también pone en riesgo vidas humanas. Y como si no fuera suficiente, esta no es la primera denuncia en su contra: ya en el pasado, su negligencia casi termina en tragedia, cuando desestimó una sospecha de apendicitis que derivó en una operación de urgencia en un sanatorio privado.
Pero lo más grave de todo no es solo el accionar de los llamados «galenos raboneros», sino la complacencia de las autoridades sanitarias, especialmente la directora de la Décima Región Sanitaria, Dra. Noelia Torres, que sistemáticamente guarda silencio ante denuncias de esta naturaleza. ¿Cuántos episodios más deben ocurrir para que se tomen medidas reales? ¿Cuántos pacientes deben quedar sin atención o sufrir complicaciones antes de que las autoridades asuman su responsabilidad?
La actitud de proteger a estos profesionales, por buenos que sean técnicamente, es inaceptable. La medicina no se trata solo de conocimiento, sino también de vocación, humanidad y responsabilidad. Cubrir a los irresponsables no solo es una falta administrativa: es una complicidad directa con el abandono de pacientes.
El caso de Santa Rita recuerda al lamentable suceso en Presidente Franco, donde un bebé murió porque un anestesista también abandonó su guardia. El patrón se repite: negligencia, desinterés, impunidad. Y detrás de todo esto, una dirección regional que mira para otro lado, como si los hospitales fueran feudos personales en los que se protege a amigos y aliados, sin importar el daño que se cause a la comunidad.
La ciudadanía ya está cansada de excusas, de supuestos «justificativos» de último momento y de promesas vacías. Exige médicos responsables, pero también necesita autoridades valientes, que sancionen sin titubeos y que no encubran la falta de ética con el silencio cómplice. La salud pública merece respeto, y ese respeto comienza con la responsabilidad individual, pero se consolida con el control institucional. Mientras eso no ocurra, seguiremos contando víctimas del abandono.
